Cuando analizamos la nuevas regulaciones que se han propuesto durante el último tiempo para el mercado del gas licuado en Chile, hace más sentido que nunca traer a colación las palabras del importante abogado y destacado profesional del ámbito de las políticas públicas don Eugenio Lahera (2002), quien definiera a la política pública como al “curso de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado”.

Pienso que en esta definición está la base de una buena política pública que cumpla con las expectativas ciudadanas. Ella resalta la importancia que los intereses de la sociedad civil -incluyendo al sector privado- jueguen un rol sustantivo. Por una parte, porque será a ellos a quienes se les fijarán derechos y obligaciones. Y, por otra, porque se hace necesario el conocimiento y experiencia que pueden aportar para crear una regulación que cumpla cabalmente con su “objetivo público”.

En el sector del GL, una buena regulación debe garantizar la seguridad de las personas -clientes, trabajadores, comunidad-; la calidad de servicio y el desarrollo de un mercado competitivo en el que los actores participen con igualdad de condiciones.

En el caso de Chile, la industria del GL tiene más de 60 años y se ha consolidado con una cobertura de más del 80% de los hogares, dibujando un mercado altamente competitivo, con presencia actual de 11 marcas y más de 5 mil empresas distribuidoras pymes presentes en todo el país.

Dada la relevancia de la industria, las alzas históricas del precio internacional del GL que hemos vivido en estos años recientes por la pandemia y acentuadas por la invasión a Ucrania, alertaron a nuestros clientes. Es en este contexto, tan excepcional como transitorio, (el precio del GL ha bajado cerca de un 20% en estos últimos meses), que adquirió notoriedad un estudio de mercado realizado por la Fiscalía Nacional Económica que en sus conclusiones, entregadas a fines de 2021, establecieron que la industria chilena del GL tiene poca intensidad competitiva y recomendando un cambio regulatorio basado en la desintegración de la distribución de este energético.

Lamentablemente, dicho estudio efectuó un análisis sesgado y alejado de la realidad del mercado del gas licuado al no considerar la distribución de última milla, ni sus costos, además de cometer otros errores metodológicos de importancia, todo lo cual fuera observado en su oportunidad, pero no siendo acogido por la FNE. Lo preocupante es que este contenido se ha transformado en la base de una propuesta legislativa que hoy se discute en el Parlamento.

Una regulación sectorial que no incorpora la opinión de todos los actores involucrados y que especialmente excluye la visión de los técnicos, pierde la legitimidad de ser lo suficientemente participativa, además de tener amplias probabilidades de concretarse como una mala política pública con consecuencias insospechadas para la población.

Si bien creo que por principio y definición del Derecho cualquier legislación es perfectible y debe adaptarse a las cambiantes necesidades sociales, hay regulaciones cuyo punto de partida está errado. Advertirlo a tiempo y enmendar por el camino correcto generaría una buena política pública. Por eso, la consideración de una participación amplia en la elaboración de una normativa es un factor crítico de éxito; lo mismo que aprender de experiencias comparadas. Tenemos el caso de Brasil, que tramitó una nueva regulación para el mercado del GL que imponía la prohibición para las empresas distribuidoras de llegar al cliente final, pero con un período para no afectar la seguridad de las operaciones, garantizar el suministro y ofrecer seguridad jurídica a los regulados. Ese período de transición sirvió para entender que no era una buena regulación y finalmente fue derogada antes de entrar en vigor efectivo. Lo anterior, gracias a que se entendió la formulación de la política como un proceso abierto y técnico con impactos reales, evitando pagar un costo social relevante.

Paula Jervis – Gerenta Legal y Asuntos Corporativos de Abastible

Revista @InHouse – Chile, Edición de septiembre de 2023