La viceministra de Energía, Rutty Paola Ortíz, afirmó en RCN Radio que el gobierno tiene plenamente garantizado el suministro de combustible en la frontera con Venezuela tras la aprobación del presidente Nicolás Maduro de habilitar la venta de gasolina y ACPM en pesos colombianos.

Según la viceministra, “nosotros hemos garantizado el suministro de combustible en la frontera. Hemos además revisado el cupo asignado con un precio subsidiado para desincentivar el contrabando”.

Dijo que tras el cierre de la frontera, ordenado por el vecino país, se propició la revisión del consumo real de los combustibles y se descubrió que eran 12 y no 4 los millones de galones que se consumen en esta zona binacional.

Indicó que estas medidas “contienen beneficios ambientales, tributarios y de ingresos para los departamentos fronterizos, por la vía de la sobretasa”.

Sostuvo además que está plenamente abastecido el departamento de Nariño, tras los problemas de falta de combustibles vividos por esta región el año pasado.

Impuesto verde

La viceministra señaló que tras la entrada en vigencia de la reforma tributaria se presentó un incremento en el precio de los combustibles por cuenta del ingreso del denominado impuesto verde, aclaró que este aumento “se dará por una sola vez”.

“Este impuesto tiene unas bondades de índole ambiental, ya que promueve la reducción de los efectos de los combustibles en el medio ambiente”, sostuvo.

Gas propano

En cuanto a los problemas de abastecimiento de gas propano o GLP en regiones como Antioquia, la viceministra anunció que la próxima semana se transportará este insumo a esta sección del país para atender la problemática.

“Hemos trabajado con Ecopetrol para garantizar la oferta de gas propano, con lo cual estarán habilitados 52 millones de pies cúbicos de gas, cuando el consumo llega a los 48 millones”, explicó la funcionaria.

Indicó que luego de estudiar la situación se estableció que algunas empresas que se encargan de distribuir el gas, no cuentan con la infraestructura necesaria ni con el músculo financiero para desarrollar esta tarea.

“Esto puede ser gran parte del problema que vive esta zona de reducción en el abastecimiento del gas”, sostuvo.

Ley de reconexión

La viceministra Ortíz sostuvo que el Gobierno revisará la metodología mediante la cual se adelanta el proceso de reconexión para quienes han incumplido con el pago de los servicios públicos, tras la objeción que realizó el presidente Juan Manuel Santos de una ley que buscaba eximir de este cobro a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

Para la funcionaria “esta gratuidad viola el principio de solidaridad, ya que si se permite que estas personas no respondan por haber incumplido el pago del servicio, el Estado, las empresas y los mismos usuarios terminarán por asumir este costo”.

Indicó además que la objeción de la ley permite al Gobierno y al Congreso revisar y mejorar la norma sin dejar de lado que es nocivo que se esté premiando el incumplimiento de los usuarios.

“Los estudios lo dicen, las personas de escasos recursos tienen una buena cultura de pago, y esta ley podría desestimular esta cultura”, explicó Ortíz.