La pobreza energética es un buen ejemplo de cómo la taxonomía puede tener impactos positivos para el clima y la sociedad.
El Ministerio de Hacienda sometió a consulta pública el proyecto de una taxonomía sostenible para el país.
La medida, junto con el proyecto de ley del mercado regulado de carbono y el «Programa Combustible del Futuro», compone el paquete de iniciativas del Gobierno Federal dirigido al desarrollo sostenible. El proyecto tiene objetivos financieros, ambientales, climáticos y sociales.
¿Pero qué es la taxonomía sostenible?
El botánico sueco Carl Linnaeus desarrolló una metodología científica para clasificar los seres vivos, hecho que lo colocó en la posición de precursor de la taxonomía moderna. Fue él quien nombró científicamente a la especie humana – Homo Sapiens. Científico poco modesto, decía que Dios creó los seres vivos y Carl los organizó.
En tiempos de calentamiento global y gobernanza ESG, la clasificación de actividades, proyectos y tecnologías que tienen un impacto positivo en relación con la sociedad, el medio ambiente y el clima pasó a ser conocida como «taxonomía sostenible».
La premisa fundamental es que esta clasificación se elabore con base en la mejor ciencia, refleje con integridad los resultados socioambientales y ofrezca un parámetro único a empresas, inversores, reguladores y demás stakeholders.
En términos prácticos, la taxonomía sirve para orientar el flujo de recursos financieros públicos y privados destinados a iniciativas clasificadas como sostenibles.
La taxonomía también contribuye al perfeccionamiento de los informes de sostenibilidad, haciéndolos más consistentes y verdaderos. La Resolución CVM n. 59/2021 obliga a las empresas a divulgar informes de sostenibilidad e información sobre la exposición a riesgos climáticos. La existencia de una clasificación basada en criterios científicos aportará consistencia y claridad sobre las inversiones que tratan estos informes, reduciendo el riesgo de greenwashing.
Equilibrio y seguridad energética.
En cuanto a la transición energética, la gran contribución que puede ofrecer la taxonomía es la racionalización de las discusiones sobre sus posibles rutas, alejándolas de cualquier sesgo ideológico o simple prejuicio. Se explica.
Los combustibles fósiles son las fuentes de energía más importantes para la vida moderna y, al mismo tiempo, causan las mayores emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este hecho alimenta discusiones poco calificadas, en las que simplemente se defiende la abolición de los combustibles fósiles a cualquier costo.
Evidentemente, es necesario ampliar las fuentes de energía renovables y reducir el uso indiscriminado de los combustibles fósiles para que los objetivos del Acuerdo de París sean alcanzados. El desafío es encontrar equilibrio en este proceso para no comprometer la seguridad energética.
En este sentido, la Unión Europea, que ha sido vanguardia en la lucha contra el calentamiento global durante décadas, mostró pragmatismo cuando la seguridad energética del bloque fue desafiada por la guerra en Ucrania, por una regulación más restrictiva a los combustibles fósiles y por la reducción de la energía nuclear.
La taxonomía regulada por Europa el año pasado clasificó como sostenible la inversión en energía nuclear y gas natural, en determinadas circunstancias. Las plantas nucleares de última generación son muy seguras y consumen casi todo su combustible, produciendo poco residuo atómico. Por su parte, la sustitución del carbón y el gasóleo por gas natural reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta regulación fue objeto de críticas por tratar como sostenibles la energía atómica y un combustible fósil (gas natural), pero demostró racionalidad al ponderar la urgencia climática y la seguridad energética.
Brasil enfrenta desafíos diferentes a los de Europa en relación con la transición energética que tendrán que ser considerados en su taxonomía. Y aquí vale la pena señalar el acierto de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda que no se limitó a la transición energética (como hizo Europa), sino que también contempló impactos sociales.
En un país con tantas desigualdades, la transversalidad entre temas climáticos y sociales es bienvenida. En este sentido, la Constitución Federal trata ambos temas, cuando determina que la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales son objetivos fundamentales (art. 3º), siendo deber del Poder Público y de la colectividad preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras (art. 225).
El estímulo a la reducción de emisiones debe tener en cuenta la pobreza energética.
La pobreza energética es un buen ejemplo de cómo la taxonomía puede tener impactos positivos para el clima y la sociedad. Conceptualmente, la pobreza energética existe cuando una parte de la sociedad no tiene acceso a la energía necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Consideremos el ejemplo de la leña.
De acuerdo con un trabajo publicado por la Empresa de Investigación Energética, la leña representa un increíble 26,1% de la energía consumida en los hogares brasileños. El consumo de leña en Brasil aumentó un 3,2% en 2021. El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (GN), que son sustitutos de la leña, representan, respectivamente, el 22,9% y el 1,6% del consumo residencial.
El uso de la leña perjudica los esfuerzos de mitigación del calentamiento global, ya que es «la principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguida por el carbón vegetal», como señala la investigadora de la PUC/RJ Adriana Gioda. La quema de leña produce más de cuarenta veces las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el GLP o el GN, como menciona la citada investigadora.
Se trata también de un problema de salud pública. El humo que contiene material particulado procedente de la quema de leña causa numerosos problemas de salud, como indica un trabajo elaborado por la Organización Mundial de la Salud.
La quema de leña recolectada en ambientes urbanos (restos de madera que contienen pintura y otras sustancias químicas) es aún peor, ya que produce un humo tóxico más dañino para la salud.
En este contexto, además de políticas sociales como el programa Auxilio Gas, el fomento a las inversiones en la cadena del GLP, así como en la infraestructura para el almacenamiento y suministro de GN, puede reducir sustancialmente el uso de leña en los hogares brasileños.
La identificación de las circunstancias en las que estos combustibles contribuyen a la transición energética o a la reducción de la pobreza energética en el país es el primer paso para incluirlos en la lista de inversiones sostenibles y, así, estimular estas inversiones.
El hecho es que el uso de la leña simplemente destapa la necesidad de contar con mecanismos regulatorios que estimulen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que no relegan la pobreza en el país a un segundo plano.
Por lo tanto, la iniciativa del Ministerio de Hacienda es oportuna, ya que identificará objetivamente las fuentes de energía brasileñas (fósiles o no) que son activos valiosos para la transición energética, así como para la mitigación de la pobreza energética. Este hecho estimulará el direccionamiento de recursos financieros por parte de agentes públicos y privados para proyectos que impulsen transversalmente el desarrollo sostenible del país.
Fuente: epbr
Guilherme Barbosa Vinhas es abogado, máster en Derecho, miembro de la Comisión Especial de Infraestructura, Logística y Desarrollo Sostenible del OAB/SP, miembro del Consejo Empresarial de Energía y Transición Energética de la Asociación Comercial de Río de Janeiro – ACRJ.