Gracias al servicio público domiciliario de distribución y comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) cerca de 12 millones de colombianos, que residen en más de 922 municipios (83% del territorio nacional), pueden cocinar. Es un combustible caracterizado por ser accesible económicamente, además de amable con el medio ambiente y la salud humana al emitir menos emisiones contaminantes que otros energéticos.

En el país se consumen alrededor de 50 millones de kilos de GLP en promedio mensual, que se utilizan a nivel residencial para cocción y como fuente de energía para la agricultura y los sectores industrial y de servicios (ej. hoteles, restaurantes).

Como presidente de la Asociación Colombiana del GLP- Gasnova, agremiación que reúne al 76% de las distribuidoras y comercializadoras presentes en el país, me preocupa la ilegalidad que afecta, no solo las inversiones de nuestros asociados para mejorar el servicio, sino que -principalmente- supone riesgo de accidentes por el incumplimiento de las normas técnicas y de las buenas prácticas empresariales que caracterizan al sector formal.

Estamos hablando de conductas ilegales tales como la existencia de “llenaderos” clandestinos (garajes donde se envasa el GLP de forma fraudulenta), la venta ilegal de cilindros robados a los que no se les hace mantenimiento o el contrabando desde países vecinos como Ecuador y Venezuela. Advertimos con preocupación el surgimiento de verdaderos carteles del GLP en las principales ciudades del país.

Combatir este flagelo, más que una alternativa, se convierte entonces en una obligación en la que todos los actores del sector del GLP debemos contribuir. Por parte de Gasnova, como entidad gremial, estamos ejecutando una estrategia que incluye el fortalecimiento institucional en diferentes regiones del país, en su componente de judicialización.

En esa gira por las regiones, estamos realizando talleres de capacitación con autoridades gubernamentales y policivas, incluyendo a la Fiscalía General. Damos a conocer a profundidad las regulaciones de este mercado para fortalecer la capacidad de las autoridades de identificar y sancionar las conductas ilegales.

Frenar la ilegalidad en este servicio público domiciliario es una tarea prioritaria en la medida en que es necesario formalizar y ampliar la cobertura del GLP, para llenar las necesidades energéticas de una parte importante de la población más vulnerable en el país y de los sectores económicos, dentro del marco de cumplimiento de las obligaciones ambientales internacionales frente al cambio climático.

ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLEGAS
* Columnista invitado. Presidente de Gasnova