En abril, el programa alcanzó a 15 millones de familias atendidas en los 27 estados brasileños.
La ampliación del acceso al gas de cocina por medio de políticas públicas, como el Programa Gás do Povo, está directamente condicionada a la existencia de una infraestructura nacional consolidada de distribución. De acuerdo con datos de Sindigás, Brasil ya cuenta con una red capaz de operar a gran escala, lo que permite la efectividad del programa.
Implementado por etapas desde noviembre de 2025, el programa garantiza la recarga gratuita del cilindro de gas de cocina en puntos de venta acreditados para familias de bajos ingresos, sustituyendo al Auxílio Gás.
En abril, el beneficio ya forma parte de la realidad de cerca de 15 millones de familias en las 27 unidades federativas. De esta forma, alrededor de 50 millones de personas pueden acceder al gas de cocina con dignidad.
Pero para que ese gas llegue a los hogares brasileños, existe toda una logística de distribución a través de empresas reguladas para la venta y reventa de gas licuado de petróleo (GLP).
En Brasil, la operación del GLP se basa en un modelo regulado, bajo la supervisión de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La cadena incluye 19 distribuidoras autorizadas y cerca de 59 mil puntos de venta legalizados, responsables de la capilaridad del abastecimiento.
Esta estructura garantiza que el producto esté disponible incluso en regiones remotas. Los municipios sin punto de venta propio, cerca del 2,7% del total, son atendidos por ciudades vecinas, manteniendo la continuidad del suministro.
Con esta logística, el GLP llega al 100% de los municipios brasileños y es utilizado por el 91% de las familias brasileñas.
En 2025, se comercializaron 7,7 millones de toneladas del producto, con una logística que permite la entrega de cerca de 13 cilindros por segundo en todo el país.
Especialistas del sector consideran que, sin esta estructura, el alcance de políticas basadas únicamente en transferencias de renta sería limitado. El subsidio amplía el acceso financiero, pero la entrega depende de una cadena organizada, con distribución, reventa y control técnico.
Control y trazabilidad
Otro punto destacado por el sector es la importancia de los mecanismos de control. El modelo brasileño exige identificación de marca en los cilindros, responsabilidad técnica de las distribuidoras y cumplimiento de normas estrictas de seguridad.
Entre estas exigencias se encuentra el proceso periódico de recalificación de los recipientes. Aproximadamente 1,9 millones de cilindros de 13 kg pasan por inspecciones mensuales, con pruebas de resistencia y fugas. Los recipientes fuera de estándar son retirados de circulación.
Según datos de Sindigás, este sistema contribuye a bajos índices de accidentes, incluso ante el amplio uso del GLP en el país.
Además, la norma que permite el llenado del cilindro únicamente por la empresa cuya marca está grabada en el recipiente garantiza mayor seguridad al consumidor. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Locomotiva, cerca del 94% de los brasileños considera la seguridad como un factor importante al momento de comprar un cilindro, y la marca es el primer indicativo.
La escala depende de la estructura existente
La discusión sobre el Gás do Povo ocurre en un escenario de expansión del mercado y de intento de reducción de la pobreza energética. La expectativa es que el programa alcance aún a más familias, sustituyendo fuentes como la leña en parte de los hogares.
Sin embargo, el análisis del sector indica que la escala pretendida solo es viable porque el país ya dispone de una red logística y regulatoria consolidada. Sin esa base, habría desafíos relacionados con infraestructura, fiscalización y seguridad.
Así, aunque el subsidio sea un elemento central de la política pública, su efectividad está directamente asociada al mantenimiento de una operación estructurada, responsable de transformar el beneficio financiero en acceso concreto al GLP en los hogares brasileños.
Fuente: Metrópoles