El lanzamiento del programa Gas del Pueblo, que sustituirá al Auxilio Gas, representa más que una nueva política pública; es un hito histórico en la lucha contra la pobreza energética en Brasil. A pesar de los avances, la pobreza energética sigue siendo una realidad en el país.
De acuerdo con el Balance Energético Nacional, la leña representa el 22% de la matriz energética residencial brasileña y millones de familias todavía dependen de ella para cocinar. El uso de biomasa para la cocción es una práctica común, sobre todo en hogares de bajos ingresos. Un estudio de la EPE de 2019 mostró que el 50% de la población brasileña más pobre (clases D1 a D5) consumía alrededor del 80% de la biomasa utilizada para cocinar en el país.
Este uso de la leña, que muchos ven solo como una alternativa de “bajo costo”, es en realidad un grave desafío para la salud de las familias brasileñas. La quema de biomasa en ambientes cerrados libera un “cóctel químico” de contaminantes, que incluye material particulado fino, monóxido de carbono, metales pesados y hollín. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación del aire en interiores causa 3 millones de muertes prematuras al año en el mundo. En Brasil, estudios ya han asociado la inhalación crónica del humo de la biomasa con enfermedades como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón.
En este contexto, el GLP surge no solo como un producto, sino como una herramienta de salud y seguridad. A diferencia de la leña, la combustión del GLP es más limpia, generando principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, sin subproductos tóxicos. Sustituir la leña por GLP es una medida proactiva de salud pública, con el potencial de reducir drásticamente los costos futuros de tratamiento de enfermedades crónicas en nuestro sistema de salud.
Las empresas del sector gasífero que son socias de estos programas necesitan inversiones robustas, infraestructura logística eficiente y medidas estrictas de seguridad. Un ejemplo es Nacional Gas, que utilizará su capilaridad para llevar GLP a todo el país, apoyada por una red de revendedores capaz de llegar a la mayoría de los hogares de manera ágil y segura.
La empresa estima un CAPEX de aproximadamente R$ 350 millones, destinado a la adquisición de cilindros, ampliación de la logística y adopción de protocolos de seguridad. Actualmente, el sector comercializa cerca de 35,7 millones de cilindros de 13 kg por mes, con un tiempo medio de entrega de 17 minutos, asegurando que las políticas públicas de asistencia social lleguen con eficiencia a todo el territorio nacional.
El nuevo programa garantiza que el beneficio se utilice exclusivamente para la compra del cilindro de gas.
Esta “tutela social de la destinación específica del recurso” es un alineamiento estratégico fundamental que demuestra un compromiso de largo plazo con la erradicación de la pobreza energética, y datos de Sindigás estiman que el programa puede reducir en un 50% el consumo de leña, favoreciendo la salud de millones de brasileños.
El programa Gas del Pueblo pretende ampliar el número de familias beneficiadas de 5,1 millones a 15,5 millones, con la meta de distribuir 58 millones de cilindros hasta 2026. Con R$ 5,1 mil millones ya reservados en el Proyecto de Ley Presupuestaria (PLOA) de 2026, el gobierno y el sector privado dan un paso decisivo para transformar el acceso al gas en un “derecho garantizado”.
Estamos listos para este desafío. El éxito de Gas del Pueblo dependerá, sobre todo, de la fortaleza de la alianza entre gobierno, sector privado y sociedad. De esta unión de esfuerzos surge la efectividad: políticas públicas bien estructuradas, respaldadas por una red logística sólida y por la confianza de las comunidades. Solo juntos lograremos transformar el acceso al GLP en una realidad para todas las familias brasileñas, promoviendo inclusión, salud y calidad de vida de manera duradera.
Celso Rocha es Director Superintendente de Nacional Gas – Revenda
Fuente: Exame