Brasil ha construido, a lo largo de las últimas décadas, una importante dotación institucional en materia de defensa de la competencia y regulación sectorial para la cadena productiva del Gas Licuado de Petróleo (GLP). El marco regulatorio derivado de dicho proceso, sustentado en las atribuciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), así como el propio ejercicio de la función reguladora, se ha mostrado sólido, funcional y capaz de garantizar la seguridad del abastecimiento en todo el territorio nacional.
No obstante, en julio de 2025, la ANP aprobó un Informe de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que presenta la posibilidad de llenado remoto y fraccionado de envases de 13 kg (P13). La propuesta de modificación regulatoria prevé que el consumidor final pueda asumir la responsabilidad por la manipulación del producto. Es decir, el consumidor podría transportar el cilindro hasta un centro de distribución o punto de venta para su llenado. En caso de aprobarse, parece evidente que los costos de fiscalización también tenderán a aumentar. Así, no solo el llenado de los envases, sino también la tarea de supervisión quedaría fraccionada, generando costos significativamente más altos en un contexto de recursos presupuestarios limitados y escasos por parte del organismo regulador.
El AIR también propone que las distribuidoras puedan utilizar y llenar cilindros con la marca de otra empresa grabada en el envase, lo que debilitaría el papel de la marca y desincentivaría la inversión en la adquisición y reacondicionamiento de cilindros. La marca constituye un activo estratégico, resultado de la búsqueda legítima de ventajas competitivas. Además, en el caso del GLP, la marca de las distribuidoras grabada en relieve en cada cilindro cumple una función de interés público, pues brinda protección al consumidor y garantiza la trazabilidad ante eventuales problemas de calidad del producto.
Tales propuestas se basan en una noción equivocada acerca de los efectos esperados del incremento del número de competidores sobre los precios, sin una identificación precisa de los problemas que podrían resolverse efectivamente. En un mercado de bien homogéneo, dada la importancia de cumplir con las especificaciones del producto establecidas por la ANP, y en el cual existen bajos costos de cambio de proveedor (switch costs) —ya que el consumidor insatisfecho puede elegir otra marca fácilmente—, es natural que la fidelidad a la marca sea alta. Ello es resultado de las inversiones y de las innovaciones organizacionales de las empresas distribuidoras destinadas a garantizar la reputación de sus marcas. Por tanto, la fidelidad a la marca es una consecuencia del patrón de competencia vigente.
La estructura del mercado de distribución de GLP configura, en efecto, un entorno de competencia oligopólica, resultado de barreras a la entrada inherentes a las especificidades sectoriales, tales como la escala mínima eficiente, las condiciones operativas de envasado y la logística de transporte del producto. En realidad, dichos componentes de costos constituyen una de las principales fuentes de productividad y desempeño de las empresas distribuidoras.
En síntesis, el grado de concentración característico del mercado de distribución de GLP se debe a la importancia de un conjunto de recursos estratégicos e inversiones acumulados a lo largo de los años. Ello permite la construcción de ventajas competitivas, tales como: la fidelidad a la marca de la empresa distribuidora; las economías de escala; y la estructura logística de recepción y transporte del producto, que incluye, entre otros aspectos, la ubicación de las instalaciones de almacenamiento y la flota de camiones disponible en una región determinada.
En el mercado de distribución de combustibles líquidos como gasolina, etanol y diésel, por ejemplo, el número de distribuidoras es significativamente mayor que en el mercado de GLP. Sin embargo, ello no implica necesariamente un patrón de competencia leal, como se evidenció recientemente en la Operación Carbono Oculto, en la que se detectaron fraudes fiscales y adulteración del producto.
Las nuevas resoluciones, en caso de ser aprobadas por la directiva colegiada de la ANP, incrementarán los costos asumidos por los agentes económicos, así como los costos de fiscalización. Además, regulaciones de esta naturaleza abren un amplio margen para la multiplicación de conductas indebidas e ilícitas, aumentando los riesgos de fraude y evasión fiscal, y desincentivando nuevas inversiones.
En un contexto de severas restricciones presupuestarias de las agencias reguladoras, las medidas propuestas podrían, en efecto, desorganizar y fragmentar un mercado que, como se señaló anteriormente, funciona adecuadamente y garantiza, con rapidez y calidad, el abastecimiento del producto en todo el territorio nacional.
Autores:
Helder Queiroz, profesor titular del Instituto de Economía de la UFRJ, coordinador del Grupo de Economía de la Energía, doctor por la Universidad de Grenoble (Francia) y magíster en Planificación Energética por la COPPE/UFRJ; y Marcelo Colomer, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigador del Grupo de Economía de la Energía de la UFRJ.
Fuente: Correio Braziliense