La semana pasada, tuve el privilegio de estar en Perú para llevar a cabo una visita institucional a los órganos reguladores y fiscalizadores de la industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de compartir experiencias con nuestros asociados locales. Durante mi estadía, también participé en una audiencia muy importante entre la Sociedad Peruana de GLP (SPGL) y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano. El núcleo de la discusión era el proyecto de ley N° 679, que aborda la masificación del uso del gas natural en el país.
Es evidente que Perú está comprometido en expandir su infraestructura de gas natural como parte de su transición energética. Esta iniciativa es loable, pero no puede ser vista como la única solución viable.
Un combustible adecuado para la transición energética debe poseer una serie de características que lo conviertan en una opción viable y eficaz en la búsqueda de una matriz energética más sostenible e inclusiva. Algunas de las características importantes incluyen: ser ambientalmente amigable, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes; debe estar ampliamente disponible y ser accesible para todos los estratos sociales, especialmente para aquellos en áreas remotas o económicamente desfavorecidas, esto significa que la infraestructura necesaria para la producción, distribución y uso del combustible debe ser accesible y no discriminatoria; ser seguro para su almacenamiento, manejo y uso, minimizando el riesgo de accidentes y daños a la salud humana y al medio ambiente, además, debe ser confiable en términos de suministro continuo, garantizando la estabilidad energética y evitando interrupciones en el suministro; tener una alta eficiencia energética, es decir, producir una cantidad significativa de energía con el mínimo desperdicio posible; ser adaptable a una variedad de usos y aplicaciones, desde la generación de energía eléctrica hasta el transporte y calefacción residencial; y ser económicamente viable en términos de costo de producción, distribución y uso, garantizando que sea una opción accesible para consumidores individuales, así como para sectores industriales y comerciales.
En este sentido, el GLP es, de hecho, un combustible con características que lo convierten en una opción ideal para impulsar la transición energética en América Latina, especialmente en áreas rurales. Su limpieza, accesibilidad, seguridad, portabilidad, capilaridad y versatilidad lo posicionan como una opción viable y eficaz para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover una matriz energética más sostenible e inclusiva.
Con cerca de 90 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza energética extrema en la región, es esencial reconocer que la transición energética no puede ser uniforme. La disparidad económica implica que las etapas de este proceso varíen significativamente en comparación con otras regiones del mundo. Más importante aún, esta disparidad destaca la necesidad de enfoques flexibles y adaptables a las realidades locales.
Una transición energética precipitada, sin considerar estas realidades, podría resultar en retrocesos significativos. La parte más vulnerable de la población, al quedarse atrás, podría recurrir al consumo de fuentes de energía inadecuadas y contaminantes, como leña, carbón, desechos animales e incluso basura, que además de ser ambientalmente contaminantes, son extremadamente perjudiciales para la salud, afectando especialmente a mujeres y niños.
Es imperativo considerar los pasos intermedios en este camino hacia la sostenibilidad energética, y el GLP, al ser confiable, seguro, altamente portátil, con infraestructura que proporciona una capilaridad única, permitiendo llegar a los lugares más remotos de América Latina sin la necesidad de grandes inversiones, debe, sin ninguna duda, estar entre los combustibles de la transición energética.
Nuestra preocupación, como asociación representativa de la industria, es que la inversión masiva en infraestructura de distribución de gas natural, que se está llevando a cabo en Perú, en detrimento de una adecuada evaluación de la economía y reduciendo los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para proyectos sociales necesarios, como el vale descuento de GLP, puede generar distorsiones y terminar reduciendo los efectos de un programa social exitoso, que ya está demostrando resultados, reduciendo la pobreza energética extrema en el país. Para reflexionar, cabe preguntarse: ¿realmente necesitamos gas natural a cualquier precio? ¿No sería más efectivo si ampliáramos los programas y beneficios sociales dedicados al GLP, permitiendo soluciones inmediatas que durarían muchos años? ¿No deberíamos debatir más este tema con la industria y la sociedad?
En general, es fundamental que los gobiernos de la región reconozcan la importancia del GLP como una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza energética y en la promoción de una transición energética justa e inclusiva. Invertir en infraestructura de otros energéticos, como por ejemplo la de distribución de gas natural, es muy importante, pero no puede ser hecho a expensas de la exclusión de soluciones energéticas accesibles, disponibles e inmediatas, como el GLP.
En resumen, podemos afirmar que no existe una solución única. Debemos adoptar un enfoque inclusivo, aprovechando todos los recursos energéticos disponibles y garantizando una transición justa y eficaz. También debemos comprender que la transición energética en América Latina pasa, obligatoriamente, por el GLP, una vez que la pobreza energética es un problema real cuya solución involucra el compromiso de los gobiernos, que a través de políticas públicas eficientes y bien dirigidas, pueden y deben encontrar soluciones aceptables. Tales políticas deben no solo ampliar el acceso a la energía, sino también garantizar su sostenibilidad y accesibilidad financiera.
En última instancia, nuestra transición energética debe ser guiada por una mentalidad de inclusión y pragmatismo, reconociendo la complejidad de las realidades locales y adoptando soluciones adaptables y sostenibles a largo plazo. Solo así podremos construir un futuro energético más justo y resiliente para todos.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo