Estamos constantemente en el camino, debatiendo y promoviendo las mejores prácticas del sector del GLP. Es evidente que cada mercado posee características propias, moldeadas por realidades económicas, sociales e institucionales distintas. Precisamente por eso, cualquier intento de replicar un modelo regulatorio debe partir de una premisa esencial: los mercados solo pueden compararse —y eventualmente adaptarse— cuando son, efectivamente, comparables.
En Brasil se ha debatido recientemente sobre posibles cambios regulatorios, especialmente en lo que respecta al llenado remoto y al fin de la trazabilidad por marca. Junto a propuestas fundamentadas en análisis técnicos serios, también han surgido promesas peligrosas: discursos simplistas que prometen reducciones significativas en los precios al consumidor, sin presentar estudios económicos sólidos que respalden tales proyecciones.
La verdad es que prometer una reducción de costos sin comprender la complejidad de la cadena logística y los riesgos implicados es, como mínimo, temerario. Las experiencias internacionales demuestran que soluciones supuestamente innovadoras, pero mal implementadas, resultan en un aumento de accidentes, el deterioro del parque de cilindros y la desestructuración de la red de distribución. Lo que se presenta como modernización, en la práctica, puede representar un retroceso.
Lo que realmente necesita el sector del GLP es un debate serio, respaldado por datos y estudios, que tenga como prioridad la seguridad, la eficiencia y la protección de los consumidores —especialmente los más vulnerables—. Este artículo busca contribuir a la reflexión sobre el rumbo del sector en Brasil, enfocándose en la importancia de una regulación bien estructurada y eficaz.
En los países donde se ha adoptado el modelo de llenado remoto y fraccionado, la responsabilidad del mantenimiento de los cilindros se ha trasladado a los consumidores, quienes deben transportar sus envases hasta los puntos de recarga y asumir los costos de sustitución o descarte al final de la vida útil del cilindro. Esta práctica debilita la calidad del servicio al retirar de la cadena de distribución la responsabilidad técnica y operativa sobre activos que exigen mantenimiento constante, inspecciones rigurosas y trazabilidad. El resultado es el uso prolongado de cilindros que no cumplen con los estándares técnicos y que no han sido debidamente recalificados, lo cual aumenta significativamente el riesgo de accidentes y pone en peligro la seguridad de las familias.
Este modelo, bajo el pretexto de reducir costos operativos, compromete pilares fundamentales como la calidad, la confianza y la seguridad, que son esenciales para cualquier servicio destinado a la población. La experiencia de países como Kenia, Haití, Namibia, Sudáfrica, Tailandia, Ghana y Nigeria demuestra que la adopción de estas prácticas resultó en el deterioro de la infraestructura, un aumento de los accidentes (muchos con víctimas fatales) y una retracción de la inversión privada, lo que compromete la sostenibilidad del sector.
Desde el punto de vista económico, los beneficios del abastecimiento fraccionado también resultan cuestionables. En Paraguay, por ejemplo, donde esta práctica está permitida, el costo por kilogramo de GLP es más alto cuando se adquiere de forma fraccionada que al comprar un cilindro lleno directamente de las distribuidoras. Aunque el ticket promedio del consumidor es menor, el precio final pagado por unidad de gas es superior, haciendo que la propuesta sea menos ventajosa de lo que aparenta a primera vista. Además, este modelo favorece la informalidad, dificulta la fiscalización y aumenta el riesgo de prácticas ilegales, como el robo de GLP. Como consecuencia, cerca del 80% del parque de cilindros en Paraguay se encuentra en condiciones que exigen recalificación. Cabe preguntarse: ¿es este el camino que queremos seguir en Brasil?
La marca, en este contexto, cumple un papel fundamental. Representa la garantía de que el cilindro ha pasado por rigurosos procesos de recalificación, llenado, transporte y distribución, cumpliendo con los más altos estándares técnicos. La marca también facilita la fiscalización y permite la trazabilidad inmediata en caso de incidentes, funcionando como un importante instrumento de protección al consumidor.
En cuanto a las propuestas de adopción de nuevas tecnologías para el rastreo de envases, como los sistemas de lectura electrónica, es importante destacar que no existe, en la experiencia internacional, ninguna exigencia legal que sustituya la identificación por marca. Cualquier alternativa en ese sentido requeriría innovaciones tecnológicas que aún no existen y que deberían ser evaluadas con rigor para asegurar su viabilidad regulatoria y de control.
Muchas de las soluciones que hoy se presentan como disruptivas e innovadoras son, en realidad, modelos ya descartados en otros mercados internacionales, ya sea por comprometer la seguridad o por degradar la calidad del servicio. No existen soluciones simples para problemas complejos. La inclusión energética de la población más vulnerable debe garantizarse mediante programas sociales robustos, como el “Gas para Todos”, que aseguren el suministro de gas de forma segura y accesible. Para el resto de la cadena de valor, lo que se espera es una regulación moderna y eficaz, que fomente la competencia, pero que, sobre todo, asegure un servicio de calidad y seguro para la sociedad.
Si una revisión del marco regulatorio es necesaria, que se base en criterios técnicos sólidos y en la experiencia internacional. La regulación debe buscar el perfeccionamiento del mercado, promoviendo mayor seguridad, eficiencia y confianza —y no comprometer estos pilares en nombre de una innovación que, en la práctica, puede acarrear más riesgos que beneficios.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo de la AIGLP