La reciente clausura de una estación de servicio en la región de Jaén, en Perú, por realizar el llenado ilegal de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP), resalta los riesgos involucrados en esta práctica clandestina e ilegal. La operación, llevada a cabo por Osinergmin con el apoyo de la Policía Nacional, resultó en la suspensión del registro del establecimiento como medida preventiva para evitar riesgos futuros. Este episodio evidencia un problema recurrente en varios países de América Latina, donde el abastecimiento fraccionado de cilindros de GLP en lugares inadecuados representa una seria amenaza para la seguridad pública.
El GLP es un combustible altamente inflamable que, en caso de fuga, puede expandirse rápidamente y generar explosiones al entrar en contacto con una fuente de calor o ignición. El llenado fraccionado en estaciones de servicio y gasocentros, que carecen de la infraestructura adecuada y de personal capacitado para manipular el producto de manera segura, aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes.
En Perú, la normativa vigente, establecida por el Decreto Supremo Nº 019-97-EM, determina que el llenado de cilindros de GLP debe realizarse exclusivamente en plantas de envasado autorizadas, que siguen estrictos protocolos de seguridad para evitar fugas y minimizar los riesgos inherentes a la manipulación del combustible. Sin embargo, la persistencia del abastecimiento ilegal indica la necesidad de una fiscalización más efectiva y de campañas educativas para concientizar a la población sobre los peligros involucrados.
Como asociación de la industria, nos preocupa que en América Latina existan algunas iniciativas regulatorias que consideran el abastecimiento fraccionado de cilindros como una alternativa disruptiva para el sector del GLP. Es nuestro deber enfatizar que no todas las disrupciones representan un avance positivo, especialmente cuando no se trata de una verdadera innovación, sino de una revisión de una práctica ya condenada por sus riesgos para la seguridad y la calidad del servicio. El abastecimiento fraccionado de cilindros de GLP ha sido promovido como una solución innovadora para ampliar el acceso al gas y reducir costos para el consumidor. Sin embargo, este enfoque presenta riesgos significativos tanto para la seguridad como para la confiabilidad del servicio. La industria del GLP, consciente de su importancia, invierte constantemente en seguridad y calidad para garantizar un suministro confiable, continuo y adecuado.
En los países donde se ha adoptado el abastecimiento fraccionado, se ha observado una reducción significativa en los niveles de seguridad. Esto ocurre porque el modelo permite el llenado de cilindros sin el debido control de las distribuidoras autorizadas, lo que compromete el mantenimiento y la integridad de los recipientes. Además, al permitir el llenado fraccionado, se pierde la garantía de la marca, ya que las distribuidoras dejan de tener un control total sobre el proceso de llenado. Como los cilindros son llenados por diferentes operadores sin un control unificado, se pierde la trazabilidad y la capacidad de responsabilización en caso de fallas o accidentes. Ejemplos de países como Kenia, Haití, Namibia, Sudáfrica, Tailandia, Ghana y Nigeria demuestran que esta práctica ha resultado en el deterioro de la infraestructura del sector, un aumento en el número de accidentes –la mayoría con víctimas fatales– y una reducción de la inversión privada, comprometiendo la sostenibilidad del mercado.
La justificación económica para el abastecimiento fraccionado también resulta frágil. En Paraguay, donde la práctica está permitida, el costo por kilogramo de GLP es más alto cuando se adquiere de forma fraccionada en comparación con la compra de un cilindro lleno directamente de las distribuidoras. Aunque el valor promedio que paga el consumidor se reduce, el precio final pagado por unidad de gas es mayor, lo que hace que la propuesta sea menos ventajosa de lo que aparenta. Además, este modelo fomenta la informalidad y dificulta la fiscalización, aumentando el riesgo de prácticas ilegales como el robo de GLP, que en México alcanza niveles alarmantes y genera pérdidas millonarias para el Estado y los operadores privados.
Aunque el GLP es un producto seguro, presenta un alto riesgo de inflamabilidad, lo que exige que la industria adopte estrictos estándares de seguridad en todas las fases de la cadena productiva y de distribución. El alto nivel de seguridad alcanzado a lo largo de los años, gracias a una regulación efectiva y a servicios de calidad, puede, paradójicamente, generar un problema: la falsa percepción de que flexibilizar estos estándares no tendría consecuencias. Sin embargo, este debilitamiento de las normas regulatorias puede poner en riesgo la seguridad del consumidor, al subestimar la necesidad de mantener reglas estrictas para garantizar la integridad del sector.
Por lo tanto, es fundamental que cualquier cambio en el modelo regulatorio del sector se base en criterios técnicos sólidos y en la experiencia internacional. La regulación debe buscar mejorar el mercado, garantizando mayor seguridad y eficiencia, y no precarizarlo en nombre de una supuesta innovación que, en la práctica, puede traer más problemas que beneficios. El verdadero perjudicado por esta práctica es el consumidor final, que pierde en seguridad, calidad y previsibilidad de precios.
Fabrício Duarte – Director Ejecutivo de la AIGLP