El Gas Licuado de Petróleo (GLP) desempeña un papel crucial en el desarrollo económico y social de América Latina. Su versatilidad, eficiencia energética y accesibilidad lo convierten en una fuente de energía vital para millones de familias, empresas e industrias. Sus diversas aplicaciones impactan directamente la calidad de vida de las poblaciones, especialmente en áreas rurales y periféricas, donde sustituye el uso de biomasa para cocción, como leña y carbón, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, permite la generación de energía en lugares fuera de la red (off grid), reduciendo la huella de carbono.
Consciente de la importancia y esencialidad del producto, la industria de GLP se dedica no solo a proporcionar un servicio de alta calidad, sino también a garantizar la seguridad en toda la cadena productiva. Basándose en estas premisas, el sector busca atender las necesidades del consumidor final de la manera más eficiente posible, proporcionando mayor libertad de elección, además de ganancias de escala que permiten un precio muy competitivo en comparación con otros energéticos disponibles. Sin embargo, para servir mejor a la sociedad, es importante que la regulación económica del sector proporcione condiciones para que el mercado tenga seguridad jurídica y regulatoria para realizar las inversiones necesarias para mejorar cada vez más la calidad del servicio prestado.
Entre los modelos regulatorios existentes en América Latina, el brasileño se destaca por su virtuosidad, donde los distribuidores autorizados tienen la responsabilidad y el incentivo de mantener sus cilindros en perfectas condiciones, garantizando la calidad del servicio prestado y la seguridad adecuada para la sociedad. Estas condiciones permitieron el crecimiento seguro y sostenible del mercado brasileño de GLP hasta su actual nivel de excelencia, siendo una referencia para los mercados emergentes de todo el mundo.
Sin embargo, debido a la importancia del GLP en la canasta de consumo de la población, sus implicaciones sociales movilizan la atención de los medios y, por consecuencia, de la clase política, haciendo que la regulación del mercado y las políticas de competencia, aunque virtuosas, sean constantemente objeto de discusión. Bajo la bandera de la reducción del precio del producto, nuevas propuestas regulatorias acaban por traer inseguridad y, al contrario de lo deseado, aumento de costo, perjudicando al consumidor final.
Tomemos como ejemplo el Proyecto de Ley nº 987, de 2022, en análisis en la Cámara de Diputados, que busca permitir la venta de gas fraccionado, con el objetivo de reducir el costo del gas y ampliar su acceso. Existen varios estudios económicos que comprueban la inviabilidad del modelo de negocio y demuestran que la implementación del sistema de llenado parcial de cilindros resultaría en un costo más alto para el consumidor, debido a las numerosas ineficiencias logísticas y económicas, comprometiendo no solo la calidad del servicio, sino también la seguridad, pilar fundamental de la industria. En este último aspecto, las empresas invierten cantidades sustanciales en tecnología, capacitación de personal y protocolos para prevenir accidentes y garantizar la integridad del producto.
En la práctica, podemos observar que los países que adoptaron este modelo tuvieron una considerable reducción en la calidad de su parque de cilindros, debido al surgimiento de operaciones comerciales de llenado sin la realización de los procedimientos de mantenimiento adecuados, aumentando el número de cilindros en malas condiciones y, consecuentemente, el riesgo de accidentes cada vez que eran recargados y retornaban a las residencias de los consumidores. Además, en este modelo el sistema de marcas queda comprometido, ya que el llenado independiente de los distribuidores autorizados no permite que las empresas responsables de sus marcas, estampadas en alto relieve en el cuerpo de cada cilindro, mantengan la integridad de sus activos, pues dejan de tener control sobre su flujo. Esto crea una preocupante situación de inseguridad jurídica para el consumidor en caso de accidente.
Existen en el mundo innumerables ejemplos de países como Kenia, Haití, Namibia, Sudáfrica, Tailandia, Ghana y Nigeria, que al implementar modelos similares aumentaron sustancialmente los incidentes de seguridad en las operaciones, al mismo tiempo que redujeron las inversiones privadas en el sector. Es decir, introdujeron en el mercado vicios de calidad, cantidad e integridad, que aumentaron el potencial de accidentes, de prácticas comerciales inadecuadas, y redujeron las inversiones necesarias para posibilitar un servicio de calidad, acarretando, en última instancia, una reducción del acceso al GLP.
Cuando analizamos el proceso desde la óptica de la reducción de precios del producto, también tenemos ejemplos que contradicen la teoría. En Paraguay, por ejemplo, donde la regulación económica permite el abastecimiento fraccionado de cilindros, el valor pagado por kilogramo de GLP es menor cuando se adquiere un cilindro lleno, envasado por la distribuidora, que el valor pagado por llenarlo de forma fraccionada en uno de los puntos de venta. Lo que se consigue, en realidad, es una reducción del promedio de venta pagado por el consumidor, pero debemos tener en cuenta que el producto se vuelve más caro.
Otro aspecto que debemos observar en los países que adoptaron el abastecimiento fraccionado fue el aumento del nivel de informalidad e ilegalidad, que precarizan el mercado y permiten prácticas perjudiciales para el consumidor, con caída en la calidad del servicio prestado, reduciendo la seguridad de las operaciones y aumentando el riesgo para la sociedad. En México, por ejemplo, existe un grave problema de robo de GLP, mediante accesos no autorizados a los ductos de transporte del producto de PEMEX (Compañía de Petróleo Mexicano), práctica localmente conocida como “HUACHICOLEO”. Ese GLP robado solo consigue ser comercializado en el mercado debido al alto nivel de informalidad, fruto de una regulación económica más permisiva y de la incapacidad de fiscalización, que se vuelve considerablemente más cara y compleja en este sistema. Además de los perjuicios para los operadores privados y para PEMEX, los robos, que llegan a alcanzar increíbles 60 mil toneladas métricas por mes, generan pérdidas para el Estado mexicano, ya que se deja de recaudar los impuestos de las ventas de este producto.
En fin, son varios los argumentos contra la adopción del sistema de abastecimiento fraccionado de cilindros, con ejemplos prácticos de los problemas y la disfuncionalidad del modelo. Claro que cualquier modelo vigente de regulación económica puede y debe ser revisado y, si es necesario, alterado, siempre que sea para mejorar y no para precarizar el mercado, ya que, al final, el mayor perjudicado es el verdadero desvalido de esta relación: el consumidor final.
Fabrício Duarte – Director Ejecutivo de la AIGLP