El mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Paraguay atraviesa un momento decisivo en su trayectoria. A medida que crece la demanda de fuentes de energía más limpias, accesibles y eficientes, también emergen desafíos estructurales que comprometen la seguridad operativa, la calidad del servicio y la competitividad del sector. La informalidad, la circulación de cilindros sin la debida rehabilitación y la ausencia de mecanismos eficaces de trazabilidad en la cadena logística se encuentran entre los principales obstáculos que aún caracterizan de manera significativa la dinámica del mercado paraguayo.

En este contexto, discutir modelos de regulación no es simplemente una alternativa de gestión, sino una necesidad estratégica, urgente y prioritaria. La adopción de sistemas que garanticen el control efectivo de los activos —especialmente de los cilindros— se ha demostrado fundamental, en diversas experiencias internacionales, para construir un entorno de negocios más seguro, predecible y competitivo. La experiencia internacional es contundente al evidenciar que la regulación, cuando es bien concebida e implementada, no solo fortalece al sector, sino que también genera beneficios significativos tanto para los consumidores como para la sociedad en su conjunto.

A diferencia de otros mercados energéticos, el GLP es un producto homogéneo desde el punto de vista de su composición. Esto significa que el principal elemento de diferenciación comercial no radica en el producto en sí, sino en la marca del cilindro. Más que un simple aspecto estético o de identidad visual, la marca grabada en relieve en el recipiente actúa como un verdadero sello de responsabilidad, representando el compromiso formal de la empresa distribuidora con la seguridad del consumidor, la trazabilidad de la cadena de suministro y la conformidad técnica de los activos que pone en el mercado.

En la región latinoamericana se observan dos modelos regulatorios predominantes, ambos exitosos en sus respectivos contextos. En Colombia se aplica el modelo conocido como “francés”, en el cual los cilindros son propiedad de las empresas distribuidoras. En este sistema, cuando un consumidor desea cambiar de proveedor, debe devolver el cilindro en uso y retirar uno nuevo del nuevo proveedor seleccionado. Este modelo ha tenido impactos extremadamente positivos, logrando una reducción drástica de la informalidad, elevando los estándares de seguridad y fomentando inversiones sustanciales en activos y tecnologías. Para llevar a cabo esta transformación, Colombia realizó una inversión del orden de 468 millones de dólares, destinada a la modernización de un parque de aproximadamente nueve millones de cilindros, además de la implementación de rigurosos programas de inspección, mantenimiento y control.

Por otro lado, el modelo brasileño opera bajo la lógica de la intercambiabilidad total, en la cual los cilindros pertenecen formalmente a los consumidores, aunque la responsabilidad de su mantenimiento e integridad recae en las empresas distribuidoras. Este modelo permite que el consumidor cambie libremente de proveedor, promoviendo una competencia basada en la conveniencia y el precio. Sin embargo, para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, es imprescindible la existencia de mecanismos cooperativos eficaces entre las empresas, como sistemas de intercambio que garanticen el equilibrio operativo y logístico del mercado.

Ambos modelos presentan méritos, ventajas y desafíos específicos, y son aplicables según las características económicas, estructurales y culturales de cada país. No obstante, existe un consenso claro en el sector: prácticas como el llenado de GLP en cilindros de otras empresas comprometen gravemente la trazabilidad, deterioran los estándares de seguridad y debilitan la confianza de los consumidores en el mercado.

Paraguay enfrenta hoy un escenario que guarda notables similitudes con el que vivía Colombia antes de su reforma regulatoria. El marco legal actual no ha sido capaz de abordar apropiadamente las asimetrías en la comercialización de GLP en sus diferentes canales, principalmente en la recarga de garrafas, con la resultante ineficacia en el combate a la informalidad, con una buena cantidad de cilindros deteriorados y fuera de los estándares de seguridad circulando libremente, y en consecuencia, sin ninguna responsabilidad formal claramente definida, lo que incrementa significativamente los riesgos tanto para los consumidores como para los trabajadores del sector y la sociedad en general.

Frente a este panorama, la adopción de un modelo regulatorio basado en la propiedad de los cilindros por parte de las empresas distribuidoras, con la debida marcación física de los recipientes, surge como una solución estructural robusta y eficaz. La implementación de este modelo contempla, como primera etapa, la clasificación técnica del parque de cilindros existente. Los recipientes que cumplan con los requisitos normativos serían debidamente marcados, mientras que aquellos que se encuentren fuera de los estándares serían retirados de circulación y destinados a chatarra. Paralelamente, sería necesario un esfuerzo coordinado de inversión para la adquisición de nuevos cilindros, así como la creación de incentivos específicos que fomenten la devolución de recipientes antiguos por parte de los consumidores.

Otro pilar fundamental de este proceso de transformación radica en la capacitación amplia y transversal de todos los actores involucrados. Esto incluye la ejecución de campañas masivas de información y concienciación dirigidas a los consumidores, además de la formación técnica de funcionarios públicos, entidades fiscalizadoras y operadores del mercado, con el fin de asegurar la correcta implementación de los nuevos procedimientos. Asimismo, la creación de estructuras modernas de gobernanza, apoyadas en sistemas digitales de monitoreo y trazabilidad, garantizaría la transparencia, el control y la eficiencia en la gestión del parque de cilindros y de toda la cadena de suministro.

Naturalmente, los costos asociados a esta transformación son significativos, pero absolutamente viables y rápidamente amortizables frente a los beneficios proyectados. Tomando como referencia la experiencia colombiana, se observa que solo el plan de comunicación y capacitación demandó cerca de 4,5 millones de dólares a lo largo de dos años y medio. La modernización completa del parque de cilindros requeriría algunas decenas de millones de dólares, un monto que puede y debe ser compartido entre las empresas del sector, los consumidores y el Estado, especialmente mediante la creación de instrumentos específicos de apoyo y financiamiento.

Los beneficios son claros, tangibles y de amplio alcance. Para los consumidores, el nuevo modelo garantiza el acceso a productos más seguros, servicios de mayor calidad y la certeza sobre la procedencia del GLP adquirido. Para las empresas, representa la eliminación progresiva de la competencia desleal, la valorización de la calidad como un diferencial competitivo y la elevación de los estándares operativos del sector. Para el Estado, el modelo proporciona un aumento en la recaudación tributaria, una reducción significativa de los riesgos sociales y económicos derivados de accidentes y explosiones, y un fortalecimiento de su capacidad de fiscalización, control y ordenamiento del mercado.

Ante este panorama, Paraguay tiene hoy una oportunidad histórica para promover una transformación estructural profunda y definitiva en su mercado de GLP. La adopción de prácticas regulatorias basadas en la trazabilidad de los activos, la responsabilidad directa de las distribuidoras y la estandarización de la marca de los cilindros no es solamente una tendencia observada en mercados internacionales exitosos, sino una condición necesaria e ineludible para garantizar la seguridad, la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad del sector. La experiencia internacional demuestra de manera inequívoca que, si bien el proceso de transición exige planificación rigurosa, gobernanza sólida e inversiones estructurales, los beneficios superan ampliamente los desafíos, generando impactos sociales, económicos e institucionales que repercuten positivamente en toda la sociedad.

Fabrício Duarte

Director Ejecutivo