América Latina enfrenta importantes desafíos en su sector energético: avanzar hacia una matriz más limpia y sostenible sin comprometer la seguridad del abastecimiento, la competitividad económica ni el acceso de la población a fuentes modernas de energía. Es un objetivo legítimo y necesario, pero exige reconocer las distintas realidades de una región marcada por profundas desigualdades sociales, económicas y geográficas.
En este contexto, existe una paradoja que merece una reflexión más profunda. El gas licuado de petróleo (GLP) es una fuente de energía esencial para millones de familias, comercios e industrias latinoamericanas. Su infraestructura de distribución llega a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, permite desarrollar actividades productivas y ofrece una alternativa más limpia frente a combustibles tradicionales como la leña y el carbón vegetal. Sin embargo, su papel no siempre recibe la atención que le corresponde en las discusiones sobre planificación energética y transición hacia sistemas de menores emisiones.
¿Cómo explicar que una energía que ya contribuye al bienestar de millones de personas tenga una participación tan limitada en muchas de las estrategias que buscan precisamente ampliar el acceso a la energía y mejorar la calidad de vida de la población?
Parte de la respuesta está en la forma en que hemos construido el debate sobre la transición energética. Con frecuencia, las discusiones se concentran en las tecnologías que deberán predominar en el futuro, mientras se dedica menos atención a las soluciones que pueden producir beneficios concretos en el presente. La expansión de las energías renovables, la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías son fundamentales para avanzar hacia una economía de menores emisiones. Pero ninguna de estas alternativas puede evaluarse al margen de las condiciones económicas, sociales y de infraestructura de cada país.
América Latina no tiene una única realidad energética. Mientras algunas ciudades avanzan rápidamente en electrificación y nuevas tecnologías, millones de familias en comunidades rurales y regiones aisladas todavía enfrentan dificultades para acceder a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles. En muchos de estos lugares, el uso de leña y otros combustibles sólidos sigue siendo una necesidad cotidiana, con consecuencias importantes para la salud, el medioambiente y la calidad de vida.
Es precisamente en estas realidades donde el GLP demuestra una de sus mayores fortalezas. Su capacidad de ser almacenado, transportado y distribuido sin depender de extensas redes de infraestructura permite atender poblaciones dispersas y regiones donde otras alternativas todavía no ofrecen soluciones suficientes o económicamente viables. Además, cuando sustituye combustibles sólidos en la cocción tradicional, reduce significativamente la exposición a contaminantes en el interior de los hogares.
Esto no significa desconocer que el GLP es un combustible de origen fósil y que su utilización genera emisiones de gases de efecto invernadero. Significa reconocer que las decisiones energéticas deben considerar los beneficios ambientales, sanitarios, económicos y sociales de cada alternativa, así como las condiciones reales en las que será utilizada.
Una transición energética responsable no debería limitarse a sustituir una fuente de energía por otra. También debería garantizar que más personas tengan acceso a servicios energéticos modernos, seguros y asequibles. No puede hablarse de una transición exitosa mientras millones de familias continúen viviendo en condiciones de pobreza energética.
Hay otro elemento que debe ocupar un lugar central en las políticas públicas: la seguridad energética. Los acontecimientos internacionales de los últimos años han demostrado la importancia de contar con sistemas de abastecimiento diversificados, infraestructura adecuada y capacidad de respuesta frente a interrupciones logísticas, tensiones geopolíticas o eventos climáticos extremos. La seguridad energética no depende exclusivamente de disponer de recursos naturales o de capacidad de producción, sino también de garantizar que la energía llegue de manera continua, segura y competitiva hasta los consumidores.
Aquí, el GLP aporta características relevantes para fortalecer la resiliencia energética de América Latina. Su disponibilidad en el mercado internacional, la posibilidad de diversificar proveedores y orígenes de suministro, su capacidad de almacenamiento y la flexibilidad de su distribución permiten complementar otras fuentes de energía y atender diferentes necesidades de consumo.
Sin embargo, reconocer el papel del GLP también exige discutir las condiciones necesarias para que esta industria pueda cumplir adecuadamente su función. Y aquí encontramos una segunda paradoja.
En distintos mercados latinoamericanos, las empresas que operan dentro de la legalidad deben cumplir exigencias relacionadas con seguridad, calidad, mantenimiento de instalaciones, capacitación de trabajadores, obligaciones tributarias y protección del consumidor. Son responsabilidades indispensables para una actividad que requiere elevados estándares operativos y un compromiso permanente con la seguridad.
Al mismo tiempo, la informalidad y las actividades ilegales continúan representando desafíos importantes para diversos mercados de la región. La comercialización irregular, la manipulación indebida de cilindros, el incumplimiento de requisitos técnicos y otras prácticas al margen de la legislación generan riesgos para los consumidores, distorsionan la competencia y perjudican a quienes realizan las inversiones necesarias para operar correctamente.
Ante estos problemas, la respuesta no debería ser automáticamente la creación de nuevas obligaciones regulatorias. América Latina cuenta con numerosos marcos normativos que establecen requisitos técnicos y operativos para la industria. Aunque siempre habrá oportunidades para modernizar y perfeccionar estas disposiciones, también debemos preguntarnos si las reglas existentes se están cumpliendo y fiscalizando efectivamente.
Una regulación más extensa no necesariamente significa una regulación más eficaz.
Cuando las exigencias se concentran en los operadores formales, mientras quienes actúan fuera de la legalidad permanecen al margen de los controles, se produce una distorsión que afecta tanto la seguridad como la competitividad del mercado. Las empresas responsables asumen mayores costos para cumplir sus obligaciones, mientras los operadores irregulares obtienen ventajas indebidas al ignorarlas.
El desafío, por lo tanto, no consiste simplemente en regular más, sino en regular mejor, fortalecer la fiscalización, combatir efectivamente la ilegalidad y garantizar condiciones de competencia justas para todos los participantes.
Esta discusión también tiene una dimensión económica que no podemos ignorar. La industria del GLP requiere inversiones permanentes en cilindros, instalaciones de almacenamiento, transporte, infraestructura logística, mantenimiento, tecnología y capacitación. Para que estas inversiones ocurran, es necesario contar con marcos regulatorios previsibles, seguridad jurídica y condiciones económicas que permitan la sostenibilidad de las operaciones.
La libre competencia, acompañada de una fiscalización eficiente y de reglas claras, es un factor decisivo para estimular inversiones, mejorar servicios y ampliar el acceso de los consumidores. No se trata de reducir los estándares de seguridad ni de debilitar la actuación del Estado, sino de orientar los esfuerzos regulatorios hacia resultados concretos y garantizar que las obligaciones sean cumplidas por todos.
También es necesario reconocer que la planificación energética no puede limitarse a las grandes infraestructuras de generación y transmisión. Una matriz energética verdaderamente diversificada requiere considerar las particularidades de cada fuente, su capacidad de distribución y su contribución a la seguridad del abastecimiento.
En este sentido, el papel del GLP no debe analizarse como una alternativa excluyente frente a la electrificación o las energías renovables, sino como parte de un conjunto de soluciones capaz de atender demandas descentralizadas y responder a necesidades distintas.
La política pública tiene la responsabilidad de evaluar estas alternativas con criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales, evitando enfoques que privilegien determinadas tecnologías sin considerar sus condiciones de aplicación.
No buscamos privilegios para el GLP ni pretendemos que ocupe espacios donde otras soluciones puedan ofrecer mejores resultados. Lo que defendemos es que su contribución sea reconocida de manera objetiva y que las decisiones de política energética consideren dónde sigue siendo necesario, dónde puede sustituir combustibles más contaminantes y dónde puede generar beneficios concretos para la población.
Después de todo, la transición energética no debería convertirse en una competencia entre fuentes de energía, sino en un esfuerzo colectivo para construir sistemas más limpios, seguros, eficientes y accesibles.
La verdadera paradoja del GLP es que, mientras discutimos las tecnologías del futuro, todavía no aprovechamos plenamente una solución disponible en el presente, con una infraestructura consolidada y capacidad para contribuir a resolver algunos de los desafíos energéticos más urgentes de nuestra región.
Tal vez sea momento de cambiar la pregunta. En lugar de discutir únicamente qué fuentes de energía queremos utilizar en las próximas décadas, deberíamos preguntarnos qué soluciones necesitamos hoy para mejorar la vida de millones de latinoamericanos.
Porque una transición energética que no combate la pobreza energética y no amplía el acceso a la energía difícilmente podrá considerarse una transición verdaderamente justa y sostenible.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo