2025 fue, para la industria del GLP en América Latina, un año que exigió claridad, firmeza y madurez. No fue un período en el que bastara administrar la operación y seguir el flujo natural del mercado. Fue un año en el que el sector necesitó, una vez más, defender sus fundamentos: seguridad, responsabilidad, previsibilidad regulatoria y el derecho del consumidor a un servicio confiable. Y cuando un segmento que atiende diariamente a millones de familias necesita dedicar una parte considerable de su esfuerzo a reafirmar principios básicos, eso por sí solo ya dice mucho sobre el momento que vivimos.

El GLP sigue siendo una de las fuentes de energía más relevantes del continente. Está presente en la cocina de las familias, en el comercio, en pequeños negocios, en comunidades distantes y en regiones donde ninguna otra solución llega con la misma eficiencia y al mismo costo. Pero su relevancia va más allá de la logística y de la economía: el GLP es también un vector de seguridad energética y, sobre todo, un combustible de transición, indispensable para una transición energética justa en América Latina. En una región donde millones de personas aún dependen de leña, carbón, queroseno y otras fuentes altamente contaminantes para cocinar y calefaccionarse, hablar de transición energética sin considerar el acceso real a la energía es ignorar la dimensión humana del problema. El GLP ocupa precisamente ese espacio: es una solución disponible, escalable, con beneficios inmediatos para la salud pública, para la reducción de emisiones locales y para la dignidad en la vida cotidiana de las familias. Y esa función social se vuelve aún más estratégica en un escenario en el que América Latina importa aproximadamente la mitad del GLP que consume, en gran parte desde los Estados Unidos. Ese dato, que a veces pasa desapercibido, debería ser suficiente para colocar la discusión regulatoria en un nivel más elevado: no hay seguridad energética sin infraestructura, no hay infraestructura sin inversión, y no hay inversión sin reglas claras y estabilidad. En 2025, esa ecuación se hizo aún más evidente.

Por eso, el tema de la seguridad se consolidó como el eje central del debate sectorial a lo largo del año. La seguridad no es solo una palabra bonita para campañas institucionales. La seguridad es lo que sostiene la confianza pública, la reputación del sector y la legitimidad social del GLP como energía moderna. La industria trabaja con un producto inflamable, y cualquier falla, aunque sea puntual, tiene repercusión y genera consecuencias que afectan a todo el mercado. La seguridad depende de técnica, de capacitación, de fiscalización, pero también depende de un modelo operativo que garantice trazabilidad y responsabilidad. Y es ahí donde 2025 nos devolvió a un tema que debería ser pacífico, pero que sigue siendo objeto de disputas: la importancia de la marca y del modelo de circulación de cilindros basado en marca.

La marca, en el GLP, no es un elemento comercial: es responsabilidad, es obligación de hacer. Es el mecanismo más simple, eficiente y económico de trazabilidad a escala. Grabada en relieve, define quién responde por el cilindro, quién invierte en mantenimiento, quién recalifica, quién recoge, quién reemplaza. Evita la existencia de cilindros huérfanos, sin dueño y sin responsabilidad. Garantiza que la cadena de seguridad tenga un centro claro de rendición de cuentas. Eso explica por qué el Branded Cylinder Recirculation Model, adoptado de forma consolidada en buena parte de la región, sigue siendo una referencia internacional de eficiencia y seguridad. Y eso también explica por qué los países que flexibilizan esa lógica terminan conviviendo con un aumento de la informalidad, el deterioro de activos y el crecimiento de accidentes.

En 2025, ese debate volvió con fuerza, especialmente ante propuestas que intentan vender como modernización aquello que, en la práctica, representa retroceso. Entre esas propuestas, el abastecimiento fraccionado ganó espacio en algunos discursos. Y hay que ser directos: el fraccionamiento se presenta con frecuencia como solución para el acceso y el precio, pero la experiencia muestra que eleva los riesgos, reduce el control sobre la cadena y abre puertas a la informalidad. La práctica desplaza el centro de responsabilidad, debilita la trazabilidad y, en muchos casos, crea entornos de envasado sin infraestructura, sin protocolos robustos y sin personal capacitado. El resultado previsible es el aumento de accidentes y la pérdida de confianza en el servicio. Casos recientes de clausura por envasado ilegal, como en Perú, muestran que el problema no es hipotético. Y ejemplos internacionales, como la tragedia ocurrida en Nigeria en 2015, con más de 100 víctimas en un contexto asociado al envasado remoto, recuerdan que el sector no puede romantizar soluciones “alternativas” cuando el costo real puede medirse en vidas.

Este punto nos lleva al núcleo de lo que fue 2025: la necesidad de una regulación seria, técnicamente fundamentada y económicamente sostenible. Y si hubo un país que condensó como pocos el riesgo de políticas mal calibradas, ese país fue México. México vivió en 2025 las consecuencias más duras de una estrategia prolongada de control de precios, que redujo los márgenes a un nivel incompatible con el mantenimiento de un servicio seguro y eficiente. La tarifa de distribución cayó más de un 50%, y la industria pasó a operar con valores insuficientes para sostener estructura, mantenimiento y seguridad. El efecto fue devastador: cierre de decenas de plantas, pérdida de empleos, desinversión y fortalecimiento del mercado ilegal. Cuando se presiona artificialmente el precio de una commodity global como el GLP, no se cambia el costo del producto: solo se traslada el problema a la infraestructura, a la calidad del servicio y, inevitablemente, al consumidor, que pasa a convivir con riesgo de desabastecimiento y expansión de la informalidad. México es, hoy, una alerta para la región: no se construye acceso con control de precios indiscriminado, sino con regulación inteligente, subsidios focalizados e incentivos a la eficiencia, preservando siempre la inversión y la seguridad.

En contraste, 2025 también mostró movimientos de reposicionamiento en otros mercados. Argentina siguió avanzando en una agenda de liberalización, con mayor adhesión a la lógica de mercado y una expectativa creciente de que Vaca Muerta amplíe la capacidad de producción de GLP en los próximos años. Este escenario abre oportunidades, pero también exige responsabilidad: el potencial energético solo se transforma en beneficio económico cuando existe previsibilidad, infraestructura y marcos regulatorios capaces de sostener la inversión. En ese sentido, Argentina tiene espacio para convertirse en una referencia regional no solo en producción, sino también en estabilidad y competitividad logística.

En Brasil, el año consolidó un debate importante en dos frentes. El primero fue social: programas como “Gás para Todos” refuerzan la necesidad de enfrentar la pobreza energética con seriedad, foco y un diseño operativo eficiente, evitando desperdicios y fraudes. El segundo fue regulatorio: la discusión sobre flexibilización de la marca y la apertura a modalidades de llenado parcial o remoto debe conducirse con rigor técnico y responsabilidad. No se trata de rechazar cambios por principio, sino de exigir evidencia. Cualquier propuesta que interfiera en la trazabilidad y en la responsabilidad objetiva debe demostrar, de manera transparente, que no aumentará el riesgo, no incrementará la informalidad y no destruirá los incentivos económicos que sostienen el mantenimiento del parque de cilindros y la seguridad del servicio. Sin eso, lo que se vende como “competencia” puede convertirse apenas en una fragilización estructural.

Otro elemento que cobró fuerza en 2025 fue la maduración del debate sobre Autogás. En una región que necesita soluciones realistas para la transición energética, el GLP vehicular representa una oportunidad concreta: tecnología madura, costo inferior a los combustibles tradicionales e impacto inmediato en la reducción de emisiones. Perú sigue siendo el benchmark regional, con una red extensa y un crecimiento consistente, demostrando que, cuando existe regulación estable e integración del ecosistema, el Autogás se viabiliza y crece. Para 2026 y más allá, el desafío está en transformar el Autogás en una agenda regional coordinada, con marcos compatibles entre países, incentivos estables y una gobernanza que facilite la inversión privada.

Al final del año, lo que queda claro es que 2025 no fue un año de comodidad. Fue un año de reafirmación. El sector tuvo que recordar, en distintos foros, que la seguridad no es negociable, que la marca y la trazabilidad son elementos estructurantes de la calidad del servicio, que la regulación no puede improvisarse y que las políticas públicas deben diseñarse con técnica, focalización y responsabilidad económica. La industria del GLP seguirá siendo esencial en América Latina y necesita mantener su lógica virtuosa: inversión sostenida por reglas claras, fiscalización efectiva, responsabilidad objetiva y compromiso permanente con el consumidor. En 2025, más que nunca, quedó evidente que modernizar el sector no es debilitar sus pilares, sino fortalecerlos con diálogo, evidencia y visión de largo plazo. Y es precisamente esa coherencia la que explica la resiliencia de la industria: incluso bajo presión, el sector mantiene el abastecimiento y preserva estándares que protegen a la sociedad. En 2026, el desafío será seguir avanzando sin ceder al atajo fácil. Eso exigirá vigilancia permanente, defensa firme de los fundamentos regulatorios, un nivel de servicio elevado y una cultura de seguridad cada vez más sólida, porque, en una industria esencial como la nuestra, cualquier concesión en este campo tiene un costo alto — y ese costo siempre recae sobre el consumidor y sobre la credibilidad del sector.

Fabrício Duarte

Director Ejecutivo