Asegurar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible para todos es un pilar fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018). Sin embargo, la realidad en América Latina y el Caribe nos muestra un panorama de falta de acceso adecuado a servicios energéticos modernos, limitando no solo el desarrollo económico, sino también comprometiendo la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.
Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la región contaba, en 2022, con 665 millones de personas, de las cuales el 13% vivían en situación de extrema pobreza y sin acceso a servicios energéticos de calidad, resultando en una situación denominada pobreza energética.
La pobreza energética no tiene una definición formal, pero puede definirse como la falta de acceso a combustibles limpios y comerciales, equipos eficientes y electricidad, generando una alta dependencia de la biomasa tradicional, que se quema principalmente en estufas ineficientes y contaminantes.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 2,3 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso adecuado a fuentes confiables y accesibles de energía para la cocción, como, por ejemplo, el GLP. Según la OMS, en América Latina la leña es la fuente primaria para la cocción de más de 90 millones de personas, causando la muerte prematura de miles de personas, especialmente mujeres y niños. Además, los costos financieros asociados a las enfermedades relacionadas con la contaminación, causada por la utilización de leña para la cocción, alcanzan la cifra de miles de millones de dólares al año.
Es decir, la pobreza energética es un problema real cuya solución requiere el esfuerzo de los gobiernos, que a través de políticas públicas eficientes y bien dirigidas, pueden y deben encontrar soluciones viables. Tales políticas necesitan no solo ampliar el acceso a la energía, sino también garantizar su sostenibilidad y accesibilidad financiera.
Este es el foco del estudio “Directrices para la Reducción del Uso de Leña para Cocción”, realizado por el profesor Carlos Ragazzo (de la FGV) y las investigadoras Ana Carolina Cordeiro y Bruna Cataldo, respectivamente doctoranda y doctora en economía por la UFF.
Tomando como ejemplo de éxito el Programa Auxilio Gas de los Brasileños (PAGB), que prevé la transferencia directa de ingresos bimestral, por un valor equivalente al precio promedio del cilindro de gas, para familias en situación de vulnerabilidad, obedeciendo métricas establecidas por programas sociales del gobierno brasileño; dicho estudio analiza, en profundidad, un conjunto de soluciones que se aplican a las diversas realidades existentes en Brasil y que tienen el potencial de alcanzar resultados transformadores.
Para la realidad de otros países de América Latina, el estudio puede servir como herramienta para el perfeccionamiento de sus programas y muestra la importancia de la comunicación para el éxito de cualquier iniciativa. Es imprescindible comunicar los efectos dañinos de la utilización de la leña en la preparación de alimentos, especialmente para una parte de la población que ve en la leña una solución «gratuita». En este sentido, las campañas culturales son fundamentales para alcanzar el resultado esperado.
Tenemos dos ejemplos de éxito, cuando se trata de campañas relacionadas con la sustitución de la leña por el GLP que tuvieron un papel fundamental en el cambio de comportamiento de las personas:
- En Perú, una campaña gubernamental del «Fondo de Inclusión Social Energético» (FISE), dirigida específicamente a los beneficiarios del programa, utilizando diversos medios de comunicación, logró alcanzar sus objetivos, ampliando la concienciación de la población.
- En India, donde había obstáculos culturales ligados a la falta de información y al miedo en la utilización del GLP, se crearon más de 100 mil grupos (Panchayats) en aldeas de todo el país, apoyados por líderes comunitarios, buscando concienciar a los ciudadanos sobre los beneficios del GLP, en comparación con los combustibles tradicionales y la biomasa.
Concluimos reforzando que combatir la pobreza energética en América Latina es una cuestión urgente que requiere acción coordinada y estrategias multifacéticas por parte de los gobiernos de la región. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos no solo mejora la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, sino que también impulsa el desarrollo económico y protege el medio ambiente. Solo invirtiendo en políticas públicas eficaces, comunicación eficiente y colaboraciones estratégicas lograremos un futuro energético sostenible y equitativo en la región.
Fabrício Duarte – Director Ejecutivo