Introducción
Existe una tendencia entre los gobiernos de nuestra región de revisitar temas que a menudo los distraen de los problemas más urgentes que enfrentan sus sociedades. En el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), esto es notablemente evidente. De vez en cuando, surgen discusiones sobre temas como el sistema de marcas y fraccionamiento, mientras que los problemas más apremiantes – la falta de acceso a GLP de una parte significativa de la población y la pobreza energética resultante – permanecen en un segundo plano.
La protección de la marca es un pilar fundamental del mercado de GLP, ya que juega un papel crucial en la garantía del derecho de elección del consumidor, representando un compromiso de la industria con la calidad y la seguridad. Siendo un producto altamente inflamable y ampliamente utilizado en la sociedad latinoamericana, todo el sistema regulatorio del sector está orientado hacia la seguridad del producto y, sobre todo, del consumidor.
En cuanto al llenado fraccionado, su prohibición está correctamente prevista por la regulación vigente, y no solo por el aspecto de seguridad, ya que los estudios económicos realizados en 2018, en Brasil, durante la Toma Pública de Contribuciones (TPC), llevada a cabo por la ANP, demostraron que el sistema de recarga fraccionada no es económicamente viable en un sector que se caracteriza por altas economías de escala a lo largo de su cadena productiva. Estos estudios concluyeron también que permitir el llenado fraccionado incentiva el fraude, dificulta y encarece la supervisión, aumenta el costo del producto y reduce de manera inaceptable la seguridad del consumidor.
Por lo tanto, si queremos, como sociedad, enfrentar el verdadero desafío social relacionado con el sector del GLP, debemos buscar soluciones para garantizar que todos los consumidores, especialmente los más vulnerables de nuestra sociedad, tengan un acceso seguro y viable al GLP.
La pobreza energética
La pobreza energética, que no tiene una definición formal, pero que la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) define como la falta de acceso a combustibles limpios y comerciales, equipos eficientes y electricidad y una alta dependencia de la biomasa tradicional, que se quema principalmente en estufas ineficientes y contaminantes, es un problema grave que normalmente se deja en segundo plano en las discusiones de políticas públicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 2,3 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso adecuado a fuentes confiables y accesibles de energía para cocinar, como el GLP. Aún según la OMS, en América Latina, la leña es la fuente primaria de cocción para más de 60 millones de personas, causando la muerte prematura de miles de personas, especialmente mujeres y niños. Además, los costos financieros asociados con las enfermedades relacionadas con la contaminación causada por el uso de leña para cocinar alcanzan el orden de miles de millones de dólares al año.
En resumen, la pobreza energética es un problema real cuya solución implica el compromiso de los gobiernos, que a través de políticas públicas eficientes y bien dirigidas, pueden y deben encontrar soluciones aceptables. Tales políticas no solo necesitan ampliar el acceso a la energía, sino también garantizar su sostenibilidad y accesibilidad financiera. En este sentido, según un estudio publicado en julio de 2023 por la IEA, el GLP sigue siendo la solución primaria para proporcionar acceso a cocinas limpias.
Su capilaridad permite que llegue a lugares remotos donde las redes de distribución de energía eléctrica o gas natural no llegan. Su portabilidad permite que sea fácilmente transportado e instalado, sin requerir una infraestructura compleja o invasiva para la instalación. Esto significa que las familias pueden tener acceso a una fuente de energía confiable y versátil sin la necesidad de grandes inversiones en infraestructura.
Conclusión
Para combatir eficazmente la pobreza energética, es crucial que los gobiernos de nuestra región lleven a cabo una reflexión profunda sobre sus estrategias energéticas. Este proceso requiere dejar de lado soluciones fáciles, y normalmente equivocadas, y dedicarse a buscar alternativas más sostenibles y eficientes.
En este sentido, sabemos que el GLP tiene una relevancia social indiscutible. Es un recurso al que todos deberían tener derecho, y garantizar esto debe ser la principal prioridad.
Con un enfoque en los temas correctos y políticas adecuadas, los gobiernos pueden comenzar a hacer una diferencia significativa y con la colaboración de la industria es posible desarrollar soluciones innovadoras y adaptadas a cada realidad local, permitiendo que la población más vulnerable tenga acceso a una fuente de energía confiable y segura.
Finalmente, es importante destacar que la seguridad del consumidor y la lucha contra la pobreza energética deben estar por encima de cualquier discusión sobre marcas y fraccionamiento. Solo de esta manera podremos construir una agenda positiva y enfrentar el verdadero desafío social que tenemos por delante.
Fabrício Duarte – Director Ejecutivo