El gas licuado de petróleo (GLP) es una de las principales fuentes de energía para millones de familias mexicanas. Su uso se extiende al sector residencial, industrial, comercial, agropecuario e incluso al transporte. Sin embargo, esta industria esencial está atravesando una de sus peores crisis, provocada por políticas públicas que, si bien persiguen objetivos de corto plazo —como la contención de precios para los consumidores—, desconocen la lógica económica detrás de un mercado de commodities y la complejidad operativa que implica la distribución del GLP en un país extenso y desigual como México.
El rol de la AIGLP: promover el diálogo, las buenas prácticas y la seguridad
La Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), que agrupa a los principales actores del sector en América Latina, trabaja activamente en el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen un mercado eficiente, competitivo y seguro. Su misión incluye promover buenas prácticas, compartir experiencias regionales exitosas, fomentar el desarrollo del sector y, sobre todo, garantizar que el consumidor final reciba un servicio de calidad, en condiciones seguras, confiables y sostenibles.
La discusión actual sobre la situación del GLP en México no es menor. Es una preocupación legítima y urgente, que trasciende los intereses empresariales y apunta a defender los derechos del usuario final: tener acceso permanente a un energético limpio, asequible y seguro. La AIGLP observa con atención este caso por su potencial impacto regional y reitera su compromiso de servir como puente entre gobiernos, industria y consumidores.
El impacto del control de precios: desincentivo a la inversión y cierre de plantas
Desde 2021, el gobierno mexicano impuso un esquema de precios máximos para el GLP, con base en un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que señalaba la falta de competencia efectiva en el sector. Sin embargo, el resultado ha sido una contracción acelerada del margen comercial de las empresas distribuidoras. Según AMEXGAS, recientemente, la tarifa de distribución se redujo en más del 50%, llevando el margen por litro de gas a niveles que no permiten cubrir siquiera los costos operativos básicos.
Actualmente, las plantas sólo reciben alrededor de 2,68 pesos por litro, cuando se necesitarían 4.25 pesos para mantener la operación con estándares mínimos de calidad y seguridad. Como consecuencia, cerca de 40 plantas han cerrado en los últimos meses, especialmente en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas. Esto ha implicado la pérdida directa de miles de empleos, y ha afectado a más de 135 empresas, que representan el 90% de la distribución formal en el país.
GLP como commodity: precios que no pueden ser controlados unilateralmente
Uno de los errores más graves en la concepción de la política de precios es asumir que el GLP es un producto cuyo precio puede determinarse internamente por decreto. En realidad, el GLP es un commodity global, cuyo valor está determinado por variables de oferta y demanda internacionales, costos logísticos, volatilidad del crudo, tasas de cambio, restricciones geopolíticas, entre otros factores.
Fijar un precio artificialmente bajo, sin considerar esas variables, equivale a obligar a los actores del sector a operar con pérdidas permanentes. Tal distorsión expulsa a las empresas formales del mercado reduce la inversión, afecta el mantenimiento y renovación de infraestructura, y aumenta el riesgo de desabasto o accidentes operativos.
Externalidades negativas: seguridad, informalidad y retroceso energético
El control de precios ha producido efectos colaterales preocupantes. Primero, ha reducido la cobertura de distribución, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde las rutas ya no son rentables para las empresas. Esto implica una regresión en el acceso a fuentes modernas de energía, obligando a comunidades a volver al uso de leña, con impactos negativos en la salud y el medio ambiente.
Segundo, ha incentivado el crecimiento del mercado ilegal, con bandas dedicadas al robo y distribución clandestina de combustibles, conocido como huachigas. Este fenómeno no solo representa pérdidas fiscales, sino también riesgos de seguridad para la población.
Tercero, ha congelado la posibilidad de modernizar la infraestructura logística. Las empresas no pueden invertir en nuevos cilindros, vehículos de reparto, equipos de medición o plantas más eficientes. Esto compromete la seguridad operativa a mediano plazo, genera cuellos de botella logísticos y limita la posibilidad de introducir tecnologías más limpias o modelos de economía circular en el sector.
Costos reales vs. precios políticos: una ecuación insostenible
El sector recorre más de 60 millones de kilómetros al mes para garantizar el suministro de GLP en todo el país. Esta operación masiva implica costos elevados en combustible, mantenimiento vehicular, salarios, seguros y cumplimiento normativo. Cuando el precio final está distorsionado, esta ecuación se rompe.
De acuerdo con principios económicos básicos, si el precio de un bien no cubre sus costos marginales y fijos, no hay forma de garantizar su provisión en el largo plazo. Además, el GLP, al ser un bien inelástico en el corto plazo, responde poco a reducciones de precio artificiales en cuanto a consumo, pero sí genera pérdidas acumulativas para los proveedores.
La necesidad de un nuevo modelo: diálogo y política energética sostenible
Después de un impasse entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, desde finales de marzo se logró establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Energía. Esta instancia ha permitido retomar el canal institucional y avanzar hacia una interacción semanal, generando un mejor entendimiento de los costos de la distribución y abriendo espacio para la construcción conjunta de soluciones técnicas que reconozcan el valor del GLP como insumo estratégico nacional.
La solución no radica en eliminar por completo la regulación, sino en crear un modelo regulatorio inteligente, que combine protección al consumidor con viabilidad operativa. Algunas propuestas que podrían discutirse incluyen:
- Establecer bandas de precios móviles, ajustadas periódicamente con base en indicadores internacionales;
- Introducir subsidios focalizados para consumidores vulnerables, en lugar de transferencias implícitas a través del control general de precios;
- Promover esquemas de inversión público-privados para modernizar la infraestructura logística y tecnológica;
- Fortalecer los mecanismos de control contra el huachigas y garantizar la seguridad jurídica para los actores formales.
Conclusión: preservar el GLP como eje del bienestar energético
El GLP es más que un combustible: es un conector social, una fuente de empleo y una base de bienestar para millones de hogares mexicanos. Preservar su abasto seguro, eficiente y competitivo requiere una política pública basada en datos, economía y diálogo.
Desde la AIGLP reiteramos la necesidad de fortalecer el marco institucional del sector con visión técnica, transparencia y colaboración. Un entorno donde los gobiernos comprendan la lógica del mercado energético escuche a los actores de la industria y trabajen por una transición energética que no deje atrás a quienes más necesitan acceso a energía limpia y segura.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo