El gas licuado de petróleo (GLP) desempeña un papel vital en la vida de millones de familias en América Latina. Es una fuente de energía esencial para la cocción de alimentos, calefacción y diversas aplicaciones industriales y comerciales. Su importancia se refleja en la calidad de vida de millones de familias, ofreciendo una fuente de energía eficiente, segura y accesible, especialmente en regiones donde otras formas de energía son menos disponibles o no pueden llegar.
Atender la demanda de millones de consumidores es un desafío que la industria enfrenta con compromiso y dedicación. Para garantizar un servicio rápido y eficiente, las empresas del sector operan un complejo sistema operacional y logístico, que involucra la producción, almacenamiento, transporte y distribución del GLP de manera coordinada y eficiente, asegurando que el producto llegue a los hogares de forma continua, brindando un servicio de alta calidad y total seguridad.
En este contexto, la industria enfrenta desafíos particulares. La volatilidad de los precios, influenciada tanto por factores internos de los países como por dinámicas globales, como conflictos geopolíticos y fluctuaciones en el mercado de petróleo, impone dificultades adicionales para su distribución y accesibilidad, impactando directamente la economía doméstica de los consumidores. Dada la gran importancia del GLP en la cesta de consumo de la población, sus implicaciones sociales movilizan la atención de los medios de comunicación y, por consiguiente, de la clase política, haciendo que la regulación del mercado y las políticas de competencia sean constantemente objeto de discusión y análisis.
Con esta breve introducción para contextualizar el tema, considero interesante analizar el mercado mexicano a partir de un artículo publicado en el periódico Diario de Yucatán, el 11 de julio de 2024 (referencia[i]).
El artículo cita la reducción de ingresos como justificación para un resultado operativo nulo (beneficio igual a cero) de la empresa Gas Bienestar, filial de PEMEX (Petróleos Mexicanos), creada en 2021 con el objetivo de: “ofrecer GLP a las familias de bajos ingresos en la Ciudad de México, reduciendo los altos precios del producto y fortaleciendo la competencia en el sector”. Traduciendo la misión de la empresa en términos más sencillos, se trata de una intervención en el mercado mexicano de GLP por parte del Gobierno Federal, que en ese momento consideró conveniente participar directamente en la distribución de Gas L.P. para ofrecer precios más bajos a los consumidores en el mercado de la Ciudad de México y competir así directamente con otras empresas que en la percepción del Gobierno Federal tenían una concentración del mercado y supuestamente no había el beneficio de la libre competencia. Sin embargo, en la Zona Conurbada compuesta por la Ciudad de México y Estado de México existen registradas en la CRE “Comisión Reguladora de Energía”, más de 100 plantas de Distribución de Gas LP y 488 Estaciones de Servicio y más de 8,000 vehículos de reparto.
El artículo continúa con una entrevista con el coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien declaró que la empresa no logró solucionar el problema para el cual fue creada, ya que “no se consiguió inyectar mayor competencia en los mercados donde es necesario y ahora vemos que cada vez venden menos volumen.”
Como la inserción de un nuevo participante, buscando la regulación de precios y el aumento de la competencia, no tuvo el resultado esperado, en octubre de 2022 la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México declaró, en un estudio presentado, que no existía competencia en el mercado de GLP.
En un mercado donde hay más de 300 empresas envasadoras y distribuidoras de GLP, la afirmación resultó, como mínimo, extraña y fue contestada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (AMEXGAS), que consideró el estudio “un ejercicio académico mal fundamentado, que utilizó parámetros tendenciosos, como si tuvieran la misión de decir que no hay competencia.” Presentando también información oficial de la CRE donde se muestra que, si existían importantes variaciones de precios de venta a consumidores diferentes y descuentos importantes en todos los mercados regionales del país, como una evidencia de que las empresas estaban haciendo un esfuerzo por competir no solo en servicio, oportunidad de abasto y calidad en el servicio, sino también en ofertar precios competitivos.
Como resultado práctico del estudio, el consejo de la COFECE solicitó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) regulase los precios de venta al público del GLP. Con ello, la industria pasó a operar en un entorno de precios controlados, limitando significativamente la capacidad de las empresas para recuperar sus costos y competir con mejores precios, reduciendo de forma significativa las inversiones en vehículos de reparto, mantenimiento de instalaciones y equipos y principalmente viéndose imposibilitada de mantener la cobertura geográfica en todas las regiones que requieren este vital producto.
Aunque tratado con una simplicidad indebida, esta discusión sobre la dinámica de competencia de los mercados es parte de un problema complejo, y citando al periodista estadounidense H. L. Mencken, “para todo problema complejo existe siempre una solución simple, elegante y completamente errónea.” Así, lo que acabamos de describir fue un claro ejemplo de que las intervenciones artificiales en el mercado, bajo la bandera de la reducción del precio del producto, acaban por traer inseguridad, introducir incertidumbres y, al contrario de lo que se desea, aumentan el costo, reducen la calidad del servicio y la seguridad en la cadena, perjudicando justamente a quien se debe proteger: el consumidor final.
Un aspecto fundamental del papel del regulador es entender cuándo la intervención es necesaria y cuándo no lo es. No todas las situaciones exigen acción regulatoria. A veces, el mejor enfoque es permitir que el mercado siga su curso. Las fluctuaciones de precios, por ejemplo, pueden ser resultados temporales de condiciones de mercado y no necesariamente exigen alteraciones estructurales en las reglas de regulación.
Además, es importante notar que la desigualdad de ingresos, que puede dificultar el acceso al GLP para una parte significativa de la población, no debe ser abordada como un problema inherente a la estructura productiva del sector de GLP. Esta es una cuestión social más amplia que debe ser tratada mediante políticas públicas.
Finalmente, entendemos que los organismos reguladores ejercen un papel importante en la defensa de los intereses de la sociedad y deben estar vigilantes para que el mercado se mantenga equilibrado, competitivo y eficiente. Sin embargo, soluciones artificiales desarticulan y precarizan el mercado y, al final, no entregan lo que se proponían, generando otras intervenciones, que acaban en un ciclo vicioso de elevado costo social.
[i] https://www.yucatan.com.mx/mexico/2024/07/11/gas-bienestar-con-bajos-ingresos-su-objetivo-nunca-fue-generar-ganancias-afirman.html