Hoy la Ley Nº 26.020 ya declara al sector de “interés público”. Diez razones de porque el negocio tiene que seguir en el actual modelo.
Días pasados surgió un resurgimiento del debate sobre si el GLP envasado en garrafas de 10 kilos debe ser o no un servicio público. Desde la experiencia de seis décadas de la industria, la realidad demuestra que lo mejor es que siga siendo un servicio de “interés público”, como marca la Ley Nº 26.020, y de oferta y demanda con un elenco de empresas privadas que conjugan servicio y distribución en todo el territorio nacional.
Por otro lado, el sector en el segmento del cilindro de 10 kilos de butano tiene una alta incidencia del Estado en la fijación de valores, a través del Programa Hogar con Garrafas.
Éste nuevo debate, que surgió tras las declaraciones del senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza), luego de la media sanción en Diputados del proyecto de reducción de tarifas de gas en “zonas frías”. Por lo cual, propuso que el servicio de “gas envasado o garrafas” sea considerado como un servicio público. También se le sumó las declaraciones de Cobos, su correligionario y diputado nacional Marcos Zimmerman, por la provincia de Chaco. A su vez, el diputado santanfecino del Bloque Socialista, Enrique Estévez, también se mostró a favor.
Desde algunos medios de prensa sostuvieron que desde el Enargas , a cargo del interventor Federico Bernal, estarían trabajando sobre un potencial proyecto. Desde el organismo negaron estar trabajando al respecto. También negaron participación de la idea desde las oficinas de la Dirección Nacional de GLP.
De todas formas, el interés de un sector de la oposición, con el apoyo de siempre de las asociaciones de usuarios, podría facilitarle el camino al Gobierno para avanzar con la declaración de servicio público.
Para americaglp.com y revista Expansión, considera dejar constancia que hay razones para continuar en el actual modelo de comercialización, a partir de los siguientes fundamentos:
1 La Ley Nº 26.20, conocido como la ley del GLP, estipula a la comercialización del gas envasado como de “interés público”, según el Artículo 5, al cual se sujetan las empresas que actúan en el mercado. Éste “interés público” es el que determina claramente obligaciones, derechos y no permite situaciones de abusos. Ésta Ley fue votada y promulgada en 2005, con el aporte de las grandes empresas (las petroleras que tenían un negocio integral desde la producción hasta el envasado), los fraccionadores no productores nacionales y las cooperativas. Por eso, pensar en establecer como “servicio público” es un paso innecesario.
2 En el primero artículo de la Ley, dice: “Constituye un objetivo esencial del marco regulatorio establecido por la presente ley asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, para lo cual la Autoridad de Aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo”.
3 En los servicios de gas por red o la electricidad no hay competencia, porque el usuario sólo puede conectarse a la red de una determinada empresa. No hay opciones. Por esto el Estado en este caso actúa con mediador para fijar un precio que considere justo para la industria y el usuario, de lo contrario podría caerse a merced de una actitud monopólica de la prestadora. En el caso del GLP envasado, la garrafa, eso no existe porque hay oferta y competencia, a partir de la presencia de más de 30 empresas proveedoras, algunas de alcance nacional y otras de alcance regional.
4 A su vez, desde el 2008, primero como Programa Garrafa para Todos, y luego en 2015 como Programa Hogar con Garrafas, el precio de venta final siempre estuvo fijado por el Gobierno Nacional.
5 Si bien el gas envasado no es un servicio público, el Programa Hogar tiene una alta incidencia en la formación de costos y precios de venta final. El precio de la garrafa está unificado en todo el país, a partir de un precio establecido por el Gobierno Nacional. En este sentido, se podría agregar que el Estado indica a los fraccionadores y a los distribuidores (los dos actores que llevan el gas hasta el consumidor final) el precio de compra y el precio de venta del producto, pues aplica un fuerte subsidio que está dirigido a ambas puntas del negocio: los productores (petroleras) y el consumidor final, que se eligen a través de los registrados en los organismos de asistencia social (Anses). Desde 2015 que el fraccionado y la distribución no perciben subsidio alguno.
6 Desde hace décadas la competencia siempre estuvo. En estos momentos sólo hay precio de venta fijo en puerta de depósitos, mientras que en el reparto a domicilio hay un extra que aplican las empresas por el servicio de logística.
7 Con la fijación de los precios de compra y venta de producto, en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización final, genera dudas cómo se aplicaría la categoría de servicio público. Un empresario del sector se preguntó cómo entraría a jugar el sector privado. ¿Habrá áreas de concesiones, como en el gas por red o la electricidad?
8 Pensar que el gas envasado puede ser considerado un servicio público también es pensar que tendrían que dejar de existir, en cierta medida, las empresas privadas que llevan el gas envasado hasta la puerta de los domicilios, comercios e industrias. Eso sería como ilógico en esta circunstancia y en un mercado en donde se observó durante estos 60 años de historia que siempre respondió con inversión y servicio a la demanda de los usuarios de todo el país.
9 La propuesta de pretender que el servicio de gas por red sea un servicio público choca con la historia y el surgimiento de las empresas fraccionadoras y distribuidoras. El ingeniero Norberto Pérez, el por entonces director de Gas del Estado, fue el que introdujo 1960 la mecánica del fraccionado de butano en cilindros de 10 kilos. Al principio ideó el envasado por parte de Gas del Estado, y en un conjunto de distribuidores que llevaran el gas a las viviendas de distintas provincias. Observando la complejidad de llegar a cada una de las viviendas y entendiendo la extensión del territorio del país, optó por “dar el negocio a los privados” para que atendieran en tiempo y forma la demanda, pero bajo la observancia y el cumplimiento de las normas que emanaba y controlaba Gas del Estado. Así nacieron diferentes fraccionadores en los más remotos puntos del país.
10 Hace seis décadas se invitó a los privados a ser actores activos del negocio porque la por entonces Gas del Estado entendía la complejidad de llegar con un envase de GLP a los distintos rincones del país. Hoy algunos pretenderían volver hacia atrás. Raro.