Fuente: Jota
Garantizar el acceso a fuentes modernas para la cocción sigue siendo uno de los principales desafíos de la política energética en el mundo. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), cerca de 2.300 millones de personas todavía dependen de la quema de leña y carbón vegetal para preparar sus comidas diarias, una práctica asociada a 3,7 millones de muertes prematuras al año, siendo las mujeres y los niños los más afectados.
En América Latina, los avances han sido significativos en las últimas décadas, pero el desafío persiste: cerca de 75 millones de personas en la región aún no tienen acceso a fuentes modernas para la cocción, según la misma agencia.
La infraestructura define el punto de partida
Un estudio del Observatorio de Análisis Económicos y Regulatorios del Mercado Brasileño de Combustibles, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), comparó las políticas de reducción del consumo de leña adoptadas por Brasil, México, Colombia y Perú. El análisis muestra que las condiciones de infraestructura ayudan a determinar el margen de actuación de las políticas públicas: allí donde las redes y los sistemas de distribución son limitados, la sustitución de la leña encuentra una barrera física incluso antes de enfrentarse a la barrera económica.
Es el caso de Perú y Colombia, donde las limitaciones de infraestructura reducen las alternativas disponibles, especialmente en las zonas rurales. Brasil y México, por otro lado, cuentan con una mayor capilaridad logística para la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), ampliando la posibilidad de utilizar este combustible como alternativa a la leña.
La diferencia va más allá de lo operativo. La infraestructura funciona, así, como una de las condiciones de partida de la política energética: su disponibilidad amplía o restringe las alternativas que pueden adoptarse en cada país.
El punto al que ya ha llegado Brasil
Entre los cuatro países analizados, Brasil se diferencia por no concentrar su política en la adquisición de equipos. Esto ocurre en un contexto en el que el GLP ya ha alcanzado una elevada penetración en los hogares brasileños y dispone de una red de distribución ampliamente capilarizada.
El caso brasileño es diferente porque décadas de expansión de una infraestructura de distribución con amplia presencia territorial han hecho que el GLP forme parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de los hogares. Mientras otros países todavía necesitan superar obstáculos relacionados con la disponibilidad física de alternativas a la leña, Brasil puede concentrar su política pública principalmente en la dimensión económica del acceso.
Esta es una diferencia estructural importante. Cuando la infraestructura ya está construida, el desafío de la política pública deja de ser únicamente hacer que la tecnología llegue a las familias y pasa a ser garantizar que estas puedan utilizarla de forma continua.
Cuatro países, cuatro puntos de partida
La comparación entre los cuatro países revela problemas diferentes, y no un simple ranking de éxitos y fracasos.
En Perú, las políticas mostraron resultados positivos en la reducción de la exposición a la contaminación doméstica y en la ampliación del acceso a cocinas más eficientes. Al mismo tiempo, el diseño de los incentivos al GLP enfrenta el desafío de garantizar que las familias de bajos ingresos puedan mantener el uso del combustible a lo largo del tiempo.
En México, hubo una apuesta explícita por ampliar el acceso al GLP, incluso mediante la distribución de cocinas y kits de instalación. Sin embargo, la experiencia también demuestra que poner el equipo a disposición no resuelve por sí solo el desafío: el mantenimiento, la durabilidad y la continuidad del uso deben formar parte del diseño de las políticas.
En Brasil, el estudio muestra que las políticas de apoyo a la adquisición de GLP pueden generar mejoras en el bienestar, pero también llama la atención sobre el diseño del beneficio: las transferencias no vinculadas a la compra del combustible no garantizan, por sí solas, que los recursos se conviertan efectivamente en consumo de GLP. La forma de implementación de la política es tan importante como la existencia del subsidio.
Una política de cocción digna depende, por lo tanto, de las condiciones específicas de cada país para funcionar; trasladarla de un contexto a otro tiende a enfrentarse a diferentes limitaciones estructurales.
Cuando el acceso físico ya existe, la política pública cambia de naturaleza
El estudio muestra que los incentivos al GLP, combinados con la capilaridad de la infraestructura de distribución, ayudan a explicar la elevada participación de este combustible en el consumo residencial brasileño.
Esta combinación revela un aspecto importante para el diseño de políticas públicas: cuando la infraestructura ya existe, la agenda de cocción digna deja de ser únicamente una cuestión de acceso físico y pasa a ser también una cuestión de ingresos, es decir, de garantizar que las familias puedan mantener su capacidad de compra del combustible a lo largo del tiempo.
La cuestión es especialmente relevante entre las familias de bajos ingresos. El estudio identifica en los cuatro países el denominado fuel stacking, una situación en la que las familias mantienen diferentes fuentes de energía en su rutina de cocción, alternando, por ejemplo, entre el uso de GLP y de leña. También pone de manifiesto que fomentar la sustitución de la leña por una fuente moderna es diferente de garantizar que dicha sustitución se mantenga a lo largo del tiempo.
El desafío es transformar el acceso en uso continuo
La experiencia comparada muestra que ampliar el acceso a fuentes adecuadas para la cocción no depende únicamente de la elección de una tecnología o de la creación de un subsidio. La infraestructura, la capacidad de pago, el diseño de los beneficios y las características sociales y culturales de las familias influyen en la efectividad de las políticas.
En este escenario, Brasil parte de una situación diferente. La elevada presencia del GLP en los hogares y la capilaridad de su distribución hacen que la disponibilidad física del combustible represente una barrera menor que en los demás países analizados. Esto permite que la política pública concentre una mayor atención en otro desafío: garantizar que las familias de bajos ingresos puedan mantener el uso del combustible de forma continua.
La existencia del fuel stacking demuestra por qué esta distinción es importante. Tener acceso al GLP no significa necesariamente abandonar la leña. Cuando las restricciones económicas u otros factores llevan a las familias a alternar entre diferentes fuentes de energía, parte de los beneficios esperados de la transición hacia una cocción más segura puede verse reducida.
La comparación entre Brasil, México, Colombia y Perú muestra, por lo tanto, que no existe una solución única. El diseño de las políticas debe partir de las barreras específicas de cada país y considerar no solo cómo ampliar el acceso inicial, sino también cómo hacerlo sostenible a lo largo del tiempo.
Para Brasil, donde la infraestructura y el acceso físico al GLP ya alcanzan a gran parte de la población, el siguiente paso es transformar esta ventaja en acceso continuo. Más que hacer llegar el combustible, el desafío consiste en crear las condiciones para que las familias que más lo necesitan puedan seguir utilizándolo.
Fuente: Jota