La aparición de un nuevo episodio de El Niño de gran intensidad vuelve a exponer a América Latina a los efectos combinados de la variabilidad climática y del calentamiento global. Sequías, olas de calor, incendios, lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos tienden a ejercer una presión aún mayor sobre las economías y los sistemas energéticos de la región, ya marcados por la desigualdad, las limitaciones de infraestructura y una elevada vulnerabilidad social.
La expresión “super El Niño” no corresponde a una categoría oficial única, sino que se utiliza para describir episodios excepcionalmente intensos, en los que las aguas del Pacífico ecuatorial alcanzan temperaturas muy superiores al promedio. El Niño es un fenómeno natural y periódico. El cambio climático, por su parte, es consecuencia del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aunque son fenómenos distintos, ambos pueden actuar simultáneamente y aumentar la severidad de sus impactos.
Organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Agencia Internacional de Energía (IEA) coinciden en un punto esencial: la región necesita sistemas energéticos más resilientes, diversificados y capaces de mantener el abastecimiento frente a eventos extremos.
En América Latina, la transición energética no puede entenderse únicamente como una agenda de sustitución tecnológica o de reducción de emisiones. Debe constituir una estrategia de adaptación al cambio climático, seguridad energética, inclusión social y desarrollo económico.
La región cuenta con condiciones privilegiadas. Dispone de abundantes recursos solares, eólicos, hídricos, geotérmicos y de bioenergía, además de minerales y reservas energéticas estratégicas. Su matriz eléctrica ya presenta una elevada participación de fuentes renovables, especialmente de la hidroelectricidad.
Sin embargo, esta elevada participación de la hidroelectricidad también plantea desafíos. La fuerte dependencia de las centrales hidroeléctricas hace que los sistemas eléctricos sean sensibles a la reducción de las precipitaciones, la disminución de los caudales y el aumento de la evaporación. Durante sequías prolongadas, la generación puede disminuir precisamente cuando las olas de calor incrementan la demanda de electricidad.
En sentido contrario, las lluvias intensas, las inundaciones y los deslizamientos pueden afectar presas, líneas de transmisión, subestaciones, carreteras, terminales y sistemas logísticos. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en ampliar la generación renovable, sino también en garantizar que la energía pueda producirse, transportarse y suministrarse con confiabilidad.
En este sentido, avanzar en la transición energética exige diversificar la matriz, expandir las fuentes renovables, ampliar las redes de transmisión, desarrollar sistemas de almacenamiento y profundizar la integración regional. También requiere preparar la infraestructura para condiciones climáticas cada vez más severas.
Sin embargo, diversificar no significa abandonar las fuentes existentes antes de que existan alternativas seguras, accesibles y escalables. Una transición precipitada puede debilitar los sistemas, aumentar los costos y comprometer el abastecimiento, afectando principalmente a las familias más vulnerables.
Esta preocupación resulta especialmente relevante porque la pobreza energética sigue siendo una realidad latinoamericana. Según la OLADE, en 2024 aproximadamente 78 millones de personas todavía utilizaban leña para cocinar o calentar sus hogares, lo que equivale a cerca del 12 % de la población regional.
La dependencia de la leña, el carbón vegetal, los residuos y el queroseno deteriora la calidad del aire dentro de las viviendas y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las mujeres, los niños y los adultos mayores figuran entre los grupos más expuestos. Además, la recolección de leña consume tiempo que podría destinarse a la educación, al trabajo y a la generación de ingresos.
Combatir esta realidad también significa promover la transición energética. Sustituir combustibles contaminantes por soluciones modernas genera beneficios inmediatos para la salud, la productividad, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la calidad de vida.
En este contexto, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) deja de ser simplemente un combustible para convertirse en un instrumento de inclusión energética. Gracias a la facilidad de su transporte y almacenamiento, así como a su amplia capilaridad logística, puede llegar allí donde otras soluciones aún enfrentan limitaciones técnicas o económicas, ofreciendo una alternativa moderna al uso de la leña. Este papel es reconocido tanto por la Agencia Internacional de Energía (IEA), que atribuye al GLP una parte significativa del avance de América Latina en el acceso a la cocción limpia, como por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), que lo identifica como una de las principales alternativas para sustituir la biomasa tradicional.
Estos datos demuestran que no existe una única solución para la pobreza energética. La electrificación debe seguir avanzando, pero su adopción para la cocción depende de redes confiables, una oferta suficiente de energía, instalaciones residenciales adecuadas, equipos accesibles y tarifas compatibles con los ingresos de las familias, condiciones que todavía no están presentes en gran parte de América Latina.
Restringir prematuramente el uso del GLP, sin ofrecer una alternativa igualmente segura, accesible y disponible, puede producir exactamente el efecto contrario al deseado. Las familias que no puedan asumir el costo de nuevos equipos o de la energía podrían volver a utilizar leña u otros combustibles contaminantes.
El papel del GLP debe evaluarse en comparación con la fuente de energía que efectivamente sustituye. Para una familia que cocina con leña en un fogón rudimentario, migrar al GLP representa un avance tecnológico, sanitario, social y ambiental.
Además de la cocción, el GLP abastece a restaurantes, panaderías, hoteles, hospitales, escuelas, lavanderías, actividades agrícolas, pequeños comercios e industrias. En innumerables localidades garantiza el funcionamiento de actividades económicas que no disponen de otra fuente de energía confiable.
El GLP también fortalece la resiliencia de los sistemas energéticos. Al ser una fuente almacenable y transportable, cuya distribución no depende de líneas de transmisión, gasoductos o redes locales, puede seguir disponible incluso cuando inundaciones, incendios, tormentas o deslizamientos afectan parte de la infraestructura convencional. Esta característica cobra aún mayor relevancia frente a fenómenos como El Niño, capaces de afectar simultáneamente la generación hidroeléctrica, la demanda de electricidad y las redes de transporte y distribución, contribuyendo a mantener la continuidad de actividades y servicios esenciales durante situaciones de emergencia.
Construir una matriz energética resiliente exige diversificar fuentes, tecnologías y rutas logísticas, acelerando la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, el almacenamiento y la integración regional. En este contexto, el GLP desempeña un papel complementario al ofrecer una fuente de energía descentralizada, disponible bajo demanda y capaz de reforzar la seguridad del abastecimiento. La verdadera transición energética no consiste en sustituir una fuente por otra, sino en construir una matriz cada vez más diversificada, incorporando nuevas tecnologías sin abandonar prematuramente aquellas que aún desempeñan un papel esencial en la seguridad energética, la lucha contra la pobreza energética y la resiliencia de los sistemas.
Para millones de latinoamericanos, el GLP no es una energía del pasado. Es la alternativa moderna a la leña, la garantía de una comida preparada de forma segura, la energía que mantiene en funcionamiento a miles de pequeños negocios y uno de los instrumentos más eficaces para construir una transición energética verdaderamente inclusiva. Porque una transición justa no es aquella que excluye soluciones, sino la que amplía las opciones disponibles para reducir emisiones, fortalecer la seguridad energética y garantizar que nadie se quede atrás.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo