La modernización del mercado de GLP en Brasil necesita ser discutida con responsabilidad técnica y plena conciencia de la realidad social del país. El debate no puede reducirse a una simple elección entre más o menos competencia, por tratarse de un sector esencial e involucrar protección al consumidor, trazabilidad, seguridad, capacidad de fiscalización e integridad de una cadena presente en la vida cotidiana de millones de familias.
El estudio publicado por la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de São Paulo — ESEM-USP — amplía correctamente ese debate al llamar la atención sobre un riesgo que no puede ser ignorado: la infiltración de la criminalidad organizada en actividades económicas formales. En América Latina, las organizaciones criminales dejaron de actuar únicamente en mercados marginales y diversificaron sus fuentes de ingresos, ingresando en sectores legales siempre que encuentran brechas regulatorias, baja fiscalización, alta circulación de dinero y productos de consumo esencial.
Ese es el punto sensible. La criminalidad organizada no entra en la economía formal para competir según reglas legítimas. Entra para operar según su propia lógica: violencia, intimidación, fraude, informalidad, evasión fiscal y captura territorial. En sectores esenciales, esa presencia no solo distorsiona la competencia; amenaza la seguridad pública, debilita el Estado y pone en riesgo al consumidor.
El GLP merece atención especial en ese contexto. Es un producto presente en residencias, en pequeños negocios y en innumerables actividades productivas. En muchas regiones, el cilindro es la forma concreta de acceso a la energía. Su capilaridad y relevancia social hacen que el sector sea especialmente sensible a cualquier cambio regulatorio que reduzca control, trazabilidad o responsabilidad.
Por eso, la regulación económica del sector no debe confundirse con burocracia. Una regulación bien diseñada no existe para proteger empresas establecidas ni para impedir la competencia. Existe para garantizar que la competición ocurra en bases legítimas, con seguridad, responsabilidad objetiva e igualdad de condiciones. La competencia sana exige reglas claras. Sin ellas, lo que se presenta como apertura de mercado puede transformarse en precarización y oportunidad para lo ilícito.
La experiencia de la industria de GLP en América Latina demuestra que seguridad, marca y trazabilidad son pilares estructurantes del servicio. La marca grabada en relieve en el cilindro define quién responde por el activo, quién invierte en su mantenimiento, quién lo recertifica, quién lo retira de circulación cuando es necesario y quién debe ser responsabilizado en caso de falla. Este modelo evita la existencia de cilindros «huérfanos», sin propietario claro y sin responsabilidad técnica definida.
La marca es, por lo tanto, un mecanismo regulatorio simple, eficiente y de bajo costo que permite trazabilidad a escala, facilita la fiscalización, reduce la asimetría de información para el consumidor y crea un vínculo directo entre distribuidor, recipiente y seguridad. Como ha reiterado AIGLP, la marca funciona como garantía de responsabilidad legal, calidad y confianza para el consumidor final.
Es justamente por eso que propuestas de flexibilización, como el llenado de recipientes de otras marcas o modelos de abastecimiento fraccionado y remoto, necesitan ser analizadas con extremo cuidado. Esas propuestas no pueden ser evaluadas únicamente por la promesa de mayor competencia o eventual reducción de precio, deben ser examinadas también a la luz de la seguridad pública, de la capacidad de fiscalización y de los riesgos de informalidad.
El abastecimiento fraccionado es un ejemplo claro. Frecuentemente presentado como solución para reducir el desembolso inmediato del consumidor, ese modelo desplaza el centro de responsabilidad de la cadena. Al multiplicar puntos de llenado, muchas veces fuera de estructuras industriales adecuadas, amplía la complejidad operacional, dificulta la fiscalización y reduce el control sobre la integridad de los recipientes. En un producto inflamable, sujeto a riesgos graves en caso de manipulación inadecuada, ese no es un cambio menor.
También hay una falsa simplicidad en el argumento económico. Reducir el tiquete de compra no significa necesariamente reducir el costo real del producto. La experiencia regional muestra que, en mercados donde el abastecimiento fraccionado fue permitido, el precio por kilogramo puede ser más alto que en la compra del cilindro lleno, además de favorecer la informalidad, dificultar la fiscalización e incrementar el riesgo de prácticas ilegales.
Este debate necesita considerar también la capacidad real del Estado. En muchos países de la región, los órganos fiscalizadores enfrentan restricciones presupuestarias, déficit de personal, limitaciones tecnológicas y dificultades de presencia territorial. Fiscalizar el sector de GLP ya es una tarea compleja en condiciones normales y se vuelve aún más difícil cuando el modelo regulatorio multiplica puntos de riesgo, descentraliza operaciones sensibles y exige monitoreo intensivo de miles de agentes.
Esa es una cuestión central: un cambio regulatorio no puede ser analizado únicamente en teoría. Necesita ser confrontado con la estructura efectiva de fiscalización disponible. Cuando el Estado no dispone de recursos humanos, presupuesto, tecnología y presencia territorial suficientes, la flexibilización puede dejar de ser modernización y pasar a funcionar como puerta de entrada para agentes marginales.
La combinación más peligrosa es conocida: producto esencial, alta circulación de dinero, presencia territorial de organizaciones criminales, fiscalización limitada y reglas más permisivas. Ese conjunto crea un ambiente propicio para robo de cargas, desvío de producto, manipulación irregular de cilindros, fraude, evasión fiscal y comercialización en áreas bajo influencia criminal. El riesgo, por lo tanto, deja de ser únicamente concurrencial y pasa a ser también de seguridad pública.
La experiencia latinoamericana refuerza esa preocupación. Modelos que transfieren al consumidor u a operadores fragmentados la responsabilidad sobre activos críticos tienden a precarizar la cadena, reducir inversiones en recertificación, deteriorar el parque de cilindros e incrementar accidentes. En mercados en los cuales la distribuidora mantiene responsabilidad sobre sus recipientes, hay incentivo económico para mantenimiento, inspección y reposición de los activos, preservando la seguridad del sistema.
Nada de esto significa rechazar la competencia o impedir la innovación. Al contrario. La regulación económica balanceada debe promover eficiencia, entrada de nuevos agentes y mejora del servicio. Pero debe hacerlo sin destruir los mecanismos que aseguran seguridad, trazabilidad y responsabilización. La verdadera innovación es aquella que reduce riesgos, mejora el control y fortalece la confianza del consumidor — no aquella que transfiere riesgos a familias, trabajadores y comunidades.
También es necesario reconocer la dimensión social del GLP. La preocupación con el precio es legítima, especialmente en países con elevada desigualdad y millones de familias en situación de vulnerabilidad energética. Pero la protección del consumidor vulnerable no debe realizarse mediante el debilitamiento de los mecanismos de seguridad de la cadena. Debe ser realizada por medio de políticas públicas focalizadas, subsidios bien diseñados y programas sociales capaces de garantizar acceso sin comprometer la integridad del sistema.
La principal contribución del estudio de la ESEM-USP es justamente ampliar la perspectiva sobre el tema. El debate regulatorio no puede quedar restringido a la modelación económica abstracta. Necesita incorporar la realidad concreta de la seguridad pública, de la capacidad estatal y de la actuación de organizaciones criminales en la economía formal. En un país donde la criminalidad organizada busca diversificar negocios y ocupar espacios legales, abrir brechas regulatorias en sectores esenciales puede generar consecuencias muy superiores a las previstas en un análisis puramente concurrencial.
El GLP necesita regulación moderna, sí. Pero moderna en el verdadero sentido de la palabra: técnicamente fundamentada, económicamente equilibrada, socialmente sensible e institucionalmente realista. Una regulación que promueva competencia sin ingenuidad, innovación sin improvisación y acceso sin sacrificar seguridad.
Fabrício Duarte
Director Ejecutivo