Un grupo de investigadores de la USP sostiene que los cambios tienden a crear vulnerabilidades en el mercado.
La propuesta de reforma del mercado de gas licuado de petróleo, el GLP utilizado en los cilindros de gas de cocina, podría ampliar la infiltración del crimen organizado en el sector, según un estudio de la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de São Paulo (USP).
Los cambios, actualmente bajo análisis en la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), tienden a crear vulnerabilidades en un mercado considerado estratégico, capilarizado y sensible para millones de familias brasileñas.
Según lo discutido por la agencia reguladora, la reforma se centra en tres modificaciones principales: la flexibilización del llenado de cilindros de otras marcas por parte de cualquier distribuidora; la autorización del llenado fraccionado en centrales remotas; y la sustitución de la marca grabada en alto relieve en los recipientes por sistemas electrónicos de rastreo aún no validados.
Para los investigadores, esas tres líneas de cambio, combinadas, debilitan la cadena de custodia, multiplican los puntos de operación y pueden derivar en un “control formal sin control real” del sector.
Lo que está en juego
Actualmente, el modelo brasileño vincula cada cilindro a la empresa responsable de su seguridad. La marca en alto relieve en el cuerpo del recipiente funciona como un instrumento físico de trazabilidad y responsabilización.
El estudio sostiene que este esquema fue consolidado a lo largo de décadas y ayudó a elevar los estándares de seguridad del sector. Según los investigadores, sustituir esta lógica por un sistema digital aún indefinido representa un cambio estructural, no solo una modernización operativa.
El argumento central de la investigación es que la discusión no puede tratarse únicamente como un debate económico sobre competencia, barreras de entrada y precios al consumidor. Para los autores, la seguridad pública debe estar en el centro del análisis.
En los mercados de combustibles y energía, las reformas regulatorias mal calibradas, sin un refuerzo proporcional de la fiscalización, tienden a ser aprovechadas por agentes oportunistas y redes criminales.
“El análisis comparado presentado en este estudio muestra que, en contextos de capacidad fiscalizadora limitada, las flexibilizaciones mal calibradas en mercados de hidrocarburos tienden a producir efectos duraderos, como la dilución de la cadena de custodia, la proliferación de activos fuera de estándar y la infiltración de la infraestructura energética por organizaciones criminales.”
Riesgo y avance criminal
El diagnóstico de los investigadores es que permitir que las distribuidoras llenen cilindros de otras marcas diluye la responsabilización sobre la integridad del recipiente. A su vez, el llenado remoto y fraccionado dispersa las operaciones en más puntos del territorio, incluso en lugares con menor presencia estatal.
La dependencia de sistemas electrónicos amplía la exposición a fraudes, manipulación de datos, sabotajes y autodeclaraciones difíciles de auditar a gran escala. El estudio resume que las tres medidas, en conjunto, “multiplican los puntos de infiltración para organizaciones criminales en el eslabón de distribución del GLP”.
Esta advertencia cobra mayor relevancia porque, según el relevamiento, la vulnerabilidad brasileña no es solo teórica. Los investigadores destacan que el crimen organizado ya actúa en la venta minorista de GLP en distintos estados y que, en algunas regiones, la reventa de cilindros ya sufre influencia directa de facciones y milicias.
La investigación señala que el modus operandi de un esquema multimillonario de infiltración criminal en el mercado brasileño de combustibles líquidos, revelado en la Operación Carbono Oculto, podría replicarse en el GLP en caso de flexibilización regulatoria.
Según el estudio, la investigación mostró movimientos superiores a R$ 52.000 millones entre 2020 y 2024, además de una evasión fiscal estimada en R$ 15.000 millones y el uso de estructuras empresariales de fachada para dar apariencia de legalidad a los fraudes.
En la evaluación de los autores, Brasil construyó a lo largo de décadas un mercado de GLP con elevados estándares de seguridad, capilaridad y trazabilidad física, que funciona como barrera frente a la infiltración de producto irregular.
Al comparar el escenario brasileño con México, Ecuador y Paraguay, el estudio concluye que las reformas regulatorias sin una fiscalización sólida tienden a abrir espacio para la infiltración criminal en el mercado de GLP. La interpretación es que, cuando el Estado pierde capacidad de monitorear un mercado esencial, las organizaciones ilegales ocupan ese espacio.
La conclusión del estudio es que la propuesta de la ANP, en su configuración actual, creará vulnerabilidades desproporcionadas frente a los beneficios alegados y puede reproducir, en el gas de cocina, la lógica que permitió la captura criminal de la distribución de combustibles automotores.
Crisis presupuestaria
Las críticas del estudio también se dirigen a la propia capacidad estatal de fiscalización. Según los investigadores, la ANP enfrenta una crisis presupuestaria, con una reducción real del 82% en los recursos discrecionales entre 2013 y 2025, y llegó a suspender el Programa de Monitoreo de la Calidad de los Combustibles en julio de 2025.
A juicio de los autores, este escenario demuestra el riesgo de cualquier reforma que aumente la complejidad regulatoria y exija control en tiempo real sobre miles de operaciones pulverizadas en todo el país.
El estudio también critica el orden de los factores propuesto por la agencia reguladora. En lugar de validar primero la tecnología, dimensionar costos, probar la gobernanza y solo después discutir cambios profundos, un informe de la ANP analizado durante la elaboración del estudio indica que la lógica fue invertida: la liberalización sería autorizada antes de la consolidación de los instrumentos de control.
Para los investigadores, esto compromete la solidez técnica de la propuesta y amplía el riesgo de una apertura regulatoria sin salvaguardas suficientes.
Fuente: Congresso em Foco