Con una demanda en alza, inversiones multimillonarias y un impacto social ampliado, el sector defiende el mantenimiento de las normas sobre la marca en el cilindro y la prohibición del fraccionamiento, con el fin de garantizar seguridad y previsibilidad.

La consolidación del Gás do Povo como política permanente, mediante la Ley nº 15.348/2026, se produce en un momento estratégico para el mercado brasileño de Gas Licuado de Petróleo (GLP). En medio de una de las mayores proyecciones de crecimiento de la demanda de combustibles de los últimos años, el sector percibe una oportunidad histórica para ampliar el acceso a energía limpia en los hogares brasileños, pero advierte sobre la necesidad de coherencia regulatoria y estabilidad institucional para sostener el ciclo de expansión.

Datos recientes de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indican un aumento de 3,5 mil millones de litros en la demanda nacional de combustibles líquidos y GLP en 2026, con una previsión adicional de 3,1 mil millones en 2027. En el caso específico del GLP, la perspectiva es de crecimiento en niveles no observados en los últimos años, impulsado por la combinación entre mayor ingreso disponible, pleno empleo y los efectos directos del programa social.

Brasil cerró 2025 con 7,7 millones de toneladas de GLP comercializadas, consolidándose como el sexto mayor mercado residencial del mundo. Al mismo tiempo, el desafío de la pobreza energética sigue siendo estructural: el Balance Energético Nacional (BEN 2025) indica que la leña aún representa el 23% de la matriz energética residencial brasileña, siendo el segundo combustible más utilizado en los hogares, solo detrás de la electricidad.

Crecimiento del GLP y combate a la pobreza energética

Al frente del Sindicato Nacional de las Empresas Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (Sindigás), Sergio Bandeira de Mello considera que el escenario combina expansión del mercado y oportunidad social.

“Estamos ante uno de los mejores escenarios del mercado de GLP. Las proyecciones significativas de crecimiento del sector, sumadas al inicio oficial del programa Gás do Povo, con gran alcance social y apoyo del sector privado, representan una oportunidad histórica para romper el ciclo de la pobreza energética”, afirma Sergio Bandeira de Mello, presidente del Sindicato Nacional de las Empresas Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (Sindigás).
“Al garantizar el acceso al GLP para 15 millones de familias, estamos sustituyendo una fuente rudimentaria y tóxica por una energía 98,6% menos contaminante en el ambiente doméstico”.

El Gás do Povo prevé la distribución de hasta 68 millones de vales por año, con potencial para elevar la demanda nacional de GLP entre un 7% y un 8%. La política pública amplía el acceso regular al combustible para familias en situación de vulnerabilidad energética, fortaleciendo la transición hacia fuentes más limpias en el ámbito doméstico.

Seguridad operativa y responsabilidad de la marca

El modelo brasileño de distribución de GLP se apoya en una fuerte capilaridad logística. Presente en el 100% de los municipios y en el 91% de los hogares, el gas de cocina comercializado en cilindros opera a través de alrededor de 60 mil puntos de venta, con procesos industriales concentrados en áreas compatibles con las exigencias técnicas de seguridad.

La cadena está compuesta por 19 distribuidoras autorizadas por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), 182 bases de distribución y un parque circulante estimado en 141 millones de cilindros de hasta 13 kg. En 2025, aproximadamente 22 millones de recipientes pasaron por un proceso de recalificación, etapa obligatoria a los 15 años de fabricación y, posteriormente, cada diez años.

La Ley nº 15.348/2026 reafirmó dos pilares considerados estructurales por el sector: la prohibición del comercio de GLP fraccionado y la exigencia de que el llenado sea realizado por la distribuidora que ostente la marca comercial en el cilindro.

Según Bandeira de Mello, estos dispositivos son esenciales para mantener el control técnico y la trazabilidad de la operación.
“La marca vincula responsabilidad civil y penal sobre la integridad del recipiente y de la carga, además de permitir el control operativo. En un programa que puede alcanzar hasta 15 millones de familias, la seguridad y la claridad en la responsabilidad son condiciones básicas”, afirma Bandeira de Mello.

También destaca la sensibilidad de la etapa de llenado dentro de la cadena de valor.
“La expansión de la demanda exige que la seguridad acompañe la escala. No se trata de restringir la competencia, sino de preservar un modelo que garantiza la fiscalización y la adecuada ejecución de la política pública”, añade.

Inversiones multimillonarias y expansión de la infraestructura

Para absorber el crecimiento proyectado, el sector estima la necesidad de producir entre 5 y 10 millones de nuevos cilindros, con inversiones cercanas a R$ 2,5 mil millones. El monto involucra no solo la fabricación de recipientes, sino también el refuerzo de la flota, el mantenimiento de envases, la ampliación de bases operativas y el perfeccionamiento del control logístico nacional.

Este movimiento ocurre simultáneamente con el aumento estructural de la demanda señalado por la EPE y con la expansión del alcance social del Gás do Povo. En la visión de Sindigás, la convergencia entre política pública, crecimiento económico y expansión del consumo residencial exige un entorno regulatorio estable que garantice previsibilidad para las inversiones.

Actualización del marco legal y debate regulatorio

La nueva legislación también derogó disposiciones consideradas obsoletas que restringían o criminalizaban el uso del GLP en aplicaciones como motores, calentamiento de piscinas y calderas. Esta actualización adecua el marco legal a la realidad tecnológica actual y amplía el abanico de usos bajo parámetros regulatorios definidos.

El avance legislativo ocurre en paralelo a las discusiones en la ANP sobre posibles ajustes en el modelo de comercialización y competencia en el segmento.

Según el presidente de Sindigás, eventuales cambios deben estar precedidos por análisis cuantitativos robustos.
“No hemos visto cálculos de trade-off ni de beneficio social que demuestren una ganancia efectiva para el consumidor”, afirma Sergio Bandeira de Mello. Señala además que el sector no se opone a la entrada de nuevos agentes, pero defiende una modelación de riesgos detallada cuando se trata de pilares como el origen del producto, la responsabilidad de la marca y la seguridad operativa.

Al abordar la dimensión estratégica del programa, Bandeira de Mello refuerza la interdependencia entre política pública y regulación sectorial.
“Cuando hablamos de un programa de esta dimensión, la coherencia regulatoria deja de ser un debate técnico y pasa a ser una condición de política pública”, concluye.

Con el crecimiento de la demanda de GLP, la expansión del Gás do Povo y las inversiones multimillonarias en infraestructura, el debate sobre seguridad, competencia y previsibilidad regulatoria tiende a ganar centralidad en la agenda del sector energético en 2026, especialmente en un escenario de combate a la pobreza energética y fortalecimiento de la política social a través del mercado de combustibles.