Pese a un consumo estable, se encuentran nuevos y viejos dilemas que todavía no se resuelven. Por un lado, desde que en el 2021 se estableció el precio máximo de venta al público, que marca el Gobierno, mantiene acotado los márgenes de rentabilidad. Si bien este año hubo una pequeña alza, todavía no termina de conformar las expectativas de los distribuidores.

A principio de este año informamos que la Amexgas había ofrecido al Gobierno federal un mejor precio de venta para generar inversiones por 700 millones de pesos mensuales en infraestructura, principalmente, es decir unos 420 millones de dólares anuales, todavía quedó sin respuesta.

El mayor faltante de inversión hoy en México se da en el almacenamiento. Hoy que el producto importado, mayoritariamente llegado desde los Estados Unidos y algo de Canadá, cubre el 60% del GLP que se consume en tierra azteca sólo tiene tiempo de almacenamiento por dos días. Por ende, la logística debe tener un certeza inmejorable. Por esto, y ante cualquier eventualidad, lo mejor es lograr un almacenamiento que alcance los siete a ocho días. Pero, sin margen, no hay inversión.

El otro tema que nunca sale de agenda y al cual no se le encuentra solución es la continuidad del robo y comercialización de GLP por parte del crimen organizado. La acción delictiva se concentra en un pequeño número de Estados del centro del país. Esta criminalidad se lleva el 15% de las ventas totales del segundo mercado del continente.

Lo que llama la atención es que alrededor de un millón de toneladas se comercializa en “gaseras” que están en la formalidad, pero se nutren de este gas robado, u otras directamente son clandestinas. Esta situación pone en jaque a la industria formal, que cumple con normas e inversión, y expone a la inseguridad a los miles de usuarios en el uso cotidiano de cilindros o provistos por camiones cisternas que no se sabe si cumplen con las normas y su mantenimiento mínimo e indispensable.

Por otro lado, hay que hacer un repaso sobre la puesta en marcha de Gas Bienestar, la envasadora de Pemex, que se implementó en hace más de tres años con el fin de marcar precio a la baja en los Estados con mayor demanda. Desde su implementación quedó reducido a determinadas localidades de dos o tres Estados. Tal vez, la implementación de los precios máximos no necesita de esta empresa para mantener los precios de venta final al público a gusto y consideración del Gobierno Federal.

Por último, la novedad institucional es que dos mujeres están al frente de la Amexgas, Rocío Robles, como Directora Ejecutiva, y Carmen Espinosa, como Presidenta del Consejo de Administración.

Fuente: AmericaGLP