Uno de los principales debates en el mundo en materia de energía hoy es el de la transición energética, que consiste en el cambio de la matriz energética con la sustitución progresiva por fuentes renovables. Sin embargo, en países del Sur Global, como Brasil, este debate debe realizarse a la luz de la realidad de la seguridad energética, para que todas las personas tengan acceso garantizado a la energía.

La seguridad energética forma parte de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU). El ítem 7 trata sobre energía limpia y accesible y busca garantizar el acceso universal, moderno y a precios asequibles a la energía. El CEO de Copa Energia, Pedro Turqueto, resume bien la cuestión al llamar la atención sobre el factor humano en el proceso de transición. “La transición energética es también un proceso humano, que necesita considerar a quienes aún viven sin un acceso digno a la energía”, sostiene.

El gobierno brasileño define la pobreza energética como la “ausencia de acceso a servicios energéticos modernos por parte de personas o grupos”. La Unión Europea, por su parte, afirma que la pobreza energética ocurre cuando los habitantes de un hogar necesitan reducir su consumo de energía a un nivel que impacta negativamente su salud y bienestar. La Política Nacional de Transición Energética, de agosto de 2024, habla de una “situación en la que los hogares o comunidades no tienen acceso a una canasta básica de servicios energéticos o no tienen plenamente satisfechas sus necesidades energéticas”. Otra definición ampliamente aceptada internacionalmente considera pobreza energética la situación en la que una persona o familia necesita destinar el 10% o más de sus ingresos a las facturas de luz y gas.

De acuerdo con información del Observatorio Brasileño para la Erradicación de la Pobreza Energética (Obepe), con base en datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD), el 99,8% de los hogares brasileños están conectados a la red eléctrica. Sin embargo, alrededor de una cuarta parte de las familias gasta más del 10% de sus ingresos en energía. Además, aunque estén conectadas a la red, en la práctica muchas personas utilizan otras fuentes energéticas menos seguras y eficientes, como la leña y el carbón. El Balance Energético Nacional señaló que en 2024 cerca del 23% de los hogares todavía utilizaban leña. Entre los riesgos asociados al uso de leña están el peligro de quemaduras y el desarrollo de problemas respiratorios.

Ante esta realidad, el Consejo Federal de Servicio Social (CFESS) destaca que, cotidianamente, trabajadores sociales de todo el país –especialmente en las regiones Norte y Nordeste– atienden a familias que viven sin acceso a la energía, principalmente en áreas rurales. “Es común encontrar durante las visitas domiciliarias a familias cocinando alimentos quemando leña. Este escenario también se observa, de manera contradictoria, en algunos centros urbanos, lo que demuestra hasta qué punto la ‘mercancía energía’, mediada por la compra, aún no es para todas las personas”, alerta Iara Fraga, del CFESS.

La trabajadora social refuerza que el acceso a la energía es un elemento esencial para viabilizar una existencia digna, al permitir la cocción de alimentos, la iluminación, el confort térmico, la preservación de la salud, la infraestructura necesaria para la educación, la comunicación, el ocio y el transporte. “Entonces, cuando falta el acceso a medios energéticos seguros, se violan derechos fundamentales, con consecuencias drásticas para la vida de las personas”, comenta Fraga, al citar, por ejemplo, las graves implicaciones del uso de la leña para cocinar.

Pero no solo eso: la ausencia de acceso a la energía eléctrica, o el acceso limitado –sea por un suministro insuficiente (baja potencia, cableado de mala calidad) o irregular (mediante conexiones clandestinas)– impone barreras para garantizar otros derechos sociales, como la salud y la educación. Situaciones de inseguridad alimentaria derivadas de la forma de almacenar y cocinar los alimentos, así como la falta de condiciones para mantener el equilibrio térmico, son ejemplos de impactos en la salud que, consecuentemente, también comprometen los procesos de aprendizaje en el entorno doméstico.

En este contexto, el CFESS llama la atención sobre la dimensión estructural de la desigualdad energética en Brasil, que se manifiesta no solo en el día a día de las familias atendidas, sino también en la propia lógica de distribución de la infraestructura energética en el país. Así lo señala Vitor Alencar, asesor jurídico del CFESS y doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra.

“Consideramos fundamental hacer explícita la injusticia energética que se perpetúa en el país. No ‘falta energía’ para los empresarios de las industrias, pero sí ‘falta energía’ para miles de familias de la clase trabajadora brasileña”, critica.

Y añade: “El Estado garantiza las condiciones de infraestructura para que las empresas energéticas suministren energía al sector industrial sin interrupciones, ya sea a través de combustibles fósiles (el carbón mineral, responsable de graves impactos sociales y ambientales, aún se utiliza en Brasil), o mediante fuentes renovables. En toda la zona costera del Nordeste, por ejemplo, los parques eólicos y fotovoltaicos garantizan el suministro energético para grandes industrias, mientras que comunidades vecinas sobreviven sin energía. Esta contradicción evidencia la base de la pobreza energética en el país”.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 señaló que más de 3 millones de personas mueren prematuramente cada año por enfermedades causadas por la contaminación del aire doméstico, de las cuales un 32% se debe a cardiopatía isquémica, un 21% a infecciones respiratorias bajas, un 23% a accidentes cerebrovasculares, un 19% a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y un 6% a cáncer de pulmón. En niños menores de 5 años, la exposición a la contaminación del aire doméstico es responsable de casi la mitad de todas las muertes por neumonía. Asimismo, según la OMS, las contaminaciones por el uso de métodos contaminantes en espacios domésticos pueden causar inflamación de las vías respiratorias y de los pulmones, además de irritación en los ojos, tos y molestias en la nariz y la garganta.

Otra cuestión señalada por la OMS es la recolección de materiales (especialmente madera que se convierte en leña o carbón) para su uso como combustible. Cada semana, las familias pueden dedicar hasta cuarenta horas a esta tarea, lo que dificulta que las mujeres busquen empleo o participen en instancias locales de toma de decisiones políticas, y que los niños asistan a la escuela.

Diogo Pignataro, presidente del Instituto Brasileño de Transición Energética (Inté), destaca que el acceso universal a la energía debe ser visto como un derecho humano indispensable para la dignidad humana y el desarrollo, inserto en un contexto de interdependencia entre todos los derechos humanos.

“Así, el nexo causal entre energía, pobreza y desarrollo es evidente y genera obligaciones que los Estados deben atender, ya que, aunque la energía no represente directamente una necesidad vital humana, es crucial para satisfacer muchas necesidades y servicios humanos básicos. De modo que proveer acceso a la energía eléctrica no reduce la pobreza por sí solo, pero crea condiciones para la emancipación humana, desempeñando un papel crítico y fundamental para el desarrollo humano y socioeconómico”, afirma, al señalar al Gas Licuado de Petróleo (GLP), conocido como “gas de cocina”, como una alternativa eficiente para combatir la pobreza energética en Brasil.

Según Turqueto, “el uso de leña o carbón para cocinar representa riesgos para la salud, el medio ambiente y el desarrollo social. En este escenario, el acceso al GLP se convierte en un vector esencial de inclusión y dignidad”.

Para el presidente del Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (Sindigás), Sergio Bandeira de Mello, “el cilindro es transformador, porque lleva dignidad a las personas”. Y añade: “Las personas están viviendo en un tiempo de energías muy rudimentarias. La pobreza energética tiene rostro, tiene género, tiene color. Son mujeres pobres y niños quienes recogen leña. El GLP es la primera energía que tenemos hoy. Es la solución”.

Sindigás destaca que un mayor uso del GLP puede traer más conveniencia para las personas, que podrán mantener la cocina limpia, sin hollín, y evitar enfermedades y accidentes. La institución también afirma que sustituir la leña y el carbón por GLP promueve el empoderamiento, con más dignidad y autonomía, especialmente para las mujeres.

Turqueto añade a la lista el ahorro para el Sistema Único de Salud (SUS): “Al reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y hospitalizaciones asociadas a la quema de biomasa, el acceso al GLP tiene el potencial de aliviar gastos relevantes del SUS”.

El GLP en Brasil

Brasil es el séptimo país que más GLP consume en hogares en el mundo y el undécimo en consumo global. Datos del gobierno federal indican que actualmente hay unos 140,8 millones de recipientes en circulación, de los cuales 15,4 millones fueron calificados en 2024, con una vida útil de hasta 72 meses.

El GLP moviliza mensualmente alrededor de 35 millones de cilindros, equivalente a 13 unidades entregadas por segundo. El país cuenta con más de 59 mil puntos de venta autorizados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y genera aproximadamente 330 mil empleos directos e indirectos. Solo en ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios), el sector recaudó 10,5 mil millones de reales en el último año.

Datos de la PNAD señalan que el 91% de las personas declara usar GLP y el 96% afirma tener equipamiento para usarlo. “Esta amplia capilaridad es resultado de una cadena bien estructurada y de inversiones continuas en logística y seguridad, que son referencia internacional”, explica Pedro Turqueto.

Las facilidades logísticas están entre los principales motivos por los que el GLP se considera eficiente en la lucha contra la pobreza energética. El gas ya está disponible en todo el país, no requiere instalación de red y, pese al debate frecuente sobre el precio del cilindro, en la mayoría de los estados el GLP es más barato que la energía eléctrica. Además, es más seguro y eficiente que la leña y el carbón.

Incluso con las facilidades ya existentes para el uso del GLP en Brasil, aún hay una brecha en el suministro. Según el CEO de Copa Energia, “el principal desafío del sector es asegurar el acceso universal y continuo al GLP, especialmente en regiones donde la leña sigue siendo la principal fuente de energía para cocinar”.

En Brasil aún existe otro obstáculo, pero no para ampliar el uso del GLP en la cocina, sino para que pueda emplearse en otras actividades. Hoy existen restricciones al uso del gas en el sector industrial.

Pedro Turqueto cree que existe un potencial valioso en su uso en diferentes sectores. “Durante la pandemia de covid-19, un generador impulsado por GLP garantizó el funcionamiento del hospital de campaña de Campo Grande”, relata. “Otro proyecto utiliza GLP para la oxigenación de tanques de piscicultura, demostrando su viabilidad y eficiencia en la producción de peces, y generando un gran beneficio especialmente para la agricultura familiar”, agrega.

Políticas públicas importantes

Este año, Brasil sustituyó el Auxílio Gás por el programa Gás do Povo. Creado en septiembre mediante la Medida Provisional 1.313/2025, el nuevo programa permite la obtención gratuita de cilindros de gas para familias inscritas en el CadÚnico. En la práctica, funciona como una expansión del programa anterior, con más beneficios sumados a los ya existentes.

El presidente de Sindigás destaca la importancia de una implementación adecuada del programa, pero es optimista: “Con este programa funcionando, Brasil se convertirá en una referencia en el Sur Global en la lucha contra la pobreza energética”.

En una nota al Estúdio JOTA, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que “Gás do Povo es un ejemplo claro de cómo el acceso al GLP y a la cocción limpia es parte fundamental de la lucha contra la pobreza energética”. “Las acciones relacionadas con el programa también buscan justicia social, mediante el acceso a formas de cocción limpia para las familias brasileñas, y salud pública, reduciendo hasta en un 50% el uso de leña y carbón en los hogares”, afirmó la cartera.

El ministerio también destaca que “la medida tiene un impacto directo en la salud de mujeres y niños, además de contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y partículas. El programa también garantiza justicia energética, al aliviar la carga financiera de las familias para adquirir el gas de cocina”.

Para la diputada Duda Salabert (PDT-MG), los puntos más importantes para combatir la pobreza energética en Brasil están en el desarrollo e implementación de políticas públicas. “Programas como Luz para Todos y Gás do Povo son fundamentales para garantizar que la dignidad energética sea alcanzada por todas las familias brasileñas. Brasil salió recientemente del mapa del hambre, después de años de políticas diseñadas intencionadamente para impedir que el Estado —desde la alimentación hasta la vivienda y pasando por la energía— llegara a quienes más lo necesitaban”.

La diputada añade que, con el apoyo del gas, la población podrá usar sus recursos para invertir en otras necesidades, como alimentos más saludables y frescos, vivienda, educación, entre otras. “Sin mencionar a aquellos brasileños que antes no tenían energía para cocinar: eso contribuirá a dar un paso más para garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria”, sostiene.

Transición energética y COP 30

El programa Gás do Povo entra en vigor en noviembre, el mismo mes en que se realizará la COP 30, que tendrá lugar en Belém do Pará. La transición energética es el tema central de la conferencia, y el papel del GLP en Brasil tendrá un lugar destacado. Según el Ministerio de Minas y Energía, “no existe transición energética si no hay acceso a sistemas energéticos limpios y seguros. […] En la COP 30, Brasil presentará como ejemplo el programa Gás do Povo”.

Este movimiento está en línea con lo que sostiene Sergio Bandeira de Mello, de Sindigás: “La COP 30 es una oportunidad muy importante para que Brasil divulgue este programa. A pesar de ser un combustible fósil, no tenemos por qué avergonzarnos de ello”.

Bandeira de Mello refuerza que la transición energética debe considerar la realidad de las poblaciones de bajos ingresos. “Creo que lo más importante es recordar que la transformación energética debe ser justa e inclusiva. Debemos recordar estas dos palabras: justa e inclusiva”, afirma, al comentar los datos de pobreza energética en el país.

“Es fácil para quienes están en el hemisferio norte decir que quieren hidrógeno verde. Aquí estamos hablando de un nivel muy anterior”, señala. “No es posible que Brasil entre en un debate cuyo foco sea cambiar el auto por uno eléctrico o instalar paneles solares en las casas. Hemos avanzado en varias áreas, pero no estamos dejando a otros atrás”, concluye.

Fuente: Datavenia Info