Desde 2021, el margen de las distribuidoras se desplomó más del 50%. Sin incentivos para invertir ni operar, ya cerraron al menos 40 plantas.
Ante las nuevas políticas públicas aplicadas al GLP, se ha generado una situación crítica que encendió alertas en toda la región. Es por ello que la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo se vió obligada a pedir una revisión urgente del modelo actual.
En diálogo con Surtidores Latam, Fabricio Duarte, director ejecutivo de AIGLP, advirtió que “el problema del GLP en México trasciende lo empresarial: está en juego el acceso de millones de personas a una fuente de energía limpia, segura y asequible”. En su visión, el desafío está en encontrar un equilibrio entre la protección al consumidor y la sostenibilidad operativa del sistema de distribución. La AIGLP, que nuclea a los principales actores del sector en América Latina, viene trabajando desde hace años en el fortalecimiento de políticas públicas que aseguren mercados eficientes, competitivos y seguros.
Uno de los puntos más críticos surgió en 2021, cuando el gobierno mexicano implementó un esquema de precios máximos para el GLP, basado en un informe de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Esta medida buscaba combatir la falta de competencia, pero generó consecuencias no previstas: una fuerte reducción en los márgenes de las empresas distribuidoras, al punto que hoy se estima que cada litro vendido deja apenas 2.68 pesos de ganancia, cuando se necesitan al menos 4.25 para operar de forma segura.
Esta contracción provocó el cierre de al menos 40 plantas en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, afectando directamente a unas 135 empresas, que representan el 90% de la distribución formal, y provocando la pérdida de miles de empleos. Además, el desincentivo a la inversión deterioró la infraestructura logística y puso en pausa iniciativas como la renovación de cilindros, la modernización de flotas y la introducción de tecnologías más limpias.
Según Duarte, el GLP es un commodity global cuyo precio depende de variables internacionales como la oferta y demanda global, el precio del crudo, la logística internacional y la volatilidad cambiaria. Fijar precios internamente, sin considerar estas variables, condena al sector a operar con pérdidas. Como consecuencia, se corre el riesgo de generar desabasto, retrocesos energéticos y mayor informalidad.
El sector, que recorre más de 60 millones de kilómetros al mes para llegar a todos los rincones del país, enfrenta costos elevados en combustible, mantenimiento, seguros y salarios. En este contexto, el congelamiento de precios representa una ecuación insostenible. “Si el precio final no cubre los costos fijos y marginales, es imposible garantizar la continuidad del suministro”, sintetizó el directivo.
Sin embargo, no todo está perdido. Desde marzo de 2025, la industria logró reactivar el diálogo con la Secretaría de Energía. Esta nueva mesa de trabajo ha permitido intercambios técnicos semanales y abrió la posibilidad de construir soluciones compartidas. La AIGLP considera que es momento de diseñar un modelo regulatorio inteligente que combine control de precios con sostenibilidad operativa.
Entre las propuestas sobre la mesa destacan: la implementación de bandas de precios móviles ajustadas por indicadores internacionales, subsidios directos a consumidores vulnerables en lugar de controles generalizados, esquemas de inversión público-privada para modernizar infraestructura y acciones concretas para combatir el robo y la informalidad.
Fuente: Surtidores Latam – Sol Bermo